En una decisión unánime, el Pleno del Congreso ha aprobado prorrogar la suspensión de desahucios de la vivienda habitual hasta 2028. Esta medida, que forma parte del "escudo social" creado durante la pandemia, busca evitar situaciones de vulnerabilidad para aquellas personas que podrían perder sus hogares ante incrementos en los tipos de interés que encarecerían las hipotecas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la necesidad de esta prórroga ante la incertidumbre económica actual y la posible subida de los precios de las hipotecas. Según la ministra, esta medida es vital para evitar exclusión social y garantizar la estabilidad de miles de familias en España.

En el debate parlamentario, partidos como Sumar, Vox, Podemos, BNG y EH Bildu han expresado su apoyo a la medida, aunque algunos han advertido que se trata de un parche temporal en lugar de una solución definitiva al problema de la vivienda en el país.

Además, se han planteado propuestas para mejorar la situación, como la expropiación de viviendas en manos de grandes fondos de inversión o la implementación de medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, partidos como el PP han criticado la gestión del Gobierno en materia de vivienda y han propuesto la creación de una ley 'antiokupación' para abordar problemas emergentes en el mercado inmobiliario.