El próximo martes, Madrid se prepara para otra discusión clave en el Consejo de Ministros: la propuesta de reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales mientras se mantiene el salario actual. Este proyecto de ley será evaluado antes de ser enviado al Congreso, donde el Gobierno busca asegurar los apoyos necesarios para su aprobación.

La decisión inicial de aprobar la normativa en la sesión del Consejo de Ministros de la semana pasada fue pospuesta debido a las complicaciones generadas por un apagón. Ahora, se espera que se retome esta cuestión en la próxima reunión del gabinete.

Este nuevo intento de presentar el acuerdo, logrado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos de CCOO y UGT, llega tras más de dos meses desde su consideración como anteproyecto de ley, incluyendo las revisiones necesarias por parte del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).

La discusión sobre la reducción de la jornada se produce justo después de la celebración del 1 de mayo, donde esta medida fue uno de los principales temas de las protestas organizadas por los sindicatos, enfatizando la importancia de una jornada laboral más justa.

Se estima que la implementación de esta reforma beneficiará a unos 12 millones de trabajadores en España, especialmente a aquellos que actualmente no están bajo convenios colectivos y que han estado expuestos a jornadas laborales excesivas durante décadas, sobre todo en sectores como la hostelería y el comercio.

El cambio a una jornada laboral de 37,5 horas semanales se deriva de un pacto firmado en diciembre entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, a pesar de la oposición de las organizaciones empresariales, que argumentan que este tipo de cambios deberían discutirse a través de la negociación colectiva en lugar de ser impuestos por ley.

La patronal CEOE ha manifestado su desacuerdo, advirtiendo sobre las posibles repercusiones negativas que esta medida podría tener, en particular para las pequeñas y medianas empresas, si se aplica de forma estricta.

Sin embargo, desde el Ministerio, la verdadera preocupación no se centra únicamente en la reducción de horas, sino también en la implementación de un sistema robusto de control horario. Este sistema, que deberá ser operativo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, busca garantizar un registro de jornada accesible y en tiempo real para la Inspección de Trabajo.

El nuevo registro de jornada será digital y requerirá que cada empleado registre su entrada y salida de manera personal e intransferible, asegurando así la precisión de los datos y la autenticidad de la información. Además, se establecerán requisitos que permitan a las partes interesadas tener acceso inmediato a esta información.

Las empresas estarán obligadas a conservar estos registros durante cuatro años, garantizando así su disponibilidad tanto para los trabajadores como para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Un elemento adicional del proyecto de ley es el derecho a la desconexión digital, asegurando que los trabajadores no sean forzados a responder correos o llamadas fuera de su jornada laboral.

El objetivo del Gobierno es que la normativa se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo antes posible, permitiendo a las empresas adecuarse a los nuevos estándares, especialmente aquellas con convenios que superan las 37,5 horas semanales, que tendrán hasta fin de año para adaptarse.

Para garantizar el cumplimiento de la legislación, se establecerán sanciones de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado en caso de incumplimiento en lo relativo al registro horario y la reducción de jornada. Esto representa un aumento significativo en las multas actuales por infracciones laborales previas.

Una vez que el proyecto sea aprobado en el Consejo de Ministros, su futuro en el Congreso no está asegurado. Aunque se han mantenido negociaciones con socios parlamentarios, el partido Junts ha expresado su reticencia, especialmente ante la oposición de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, a esta medida.

Sindicatos como CCOO y UGT han dejado claro que se movilizarán para presionar a los partidos políticos a mantener el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo y evitar cambios que desvirtúen la propuesta original.

Asimismo, la CEOE ha instado a un ejercicio de responsabilidad durante el proceso legislativo, destacando la necesidad de un análisis del impacto económico antes de proceder con lo que consideran una reducción drástica de horas laborales que podría tener consecuencias adversas para la economía.