El Constitucional evalúa la anulación del nombramiento de Delgado como fiscal togada por parte del Supremo.

MADRID, 28 de enero. En un desarrollo significativo dentro del ámbito judicial español, el Tribunal Constitucional (TC) se prepara para analizar la sentencia emitida por el Tribunal Supremo (TS) que invalidó el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exfiscal general del Estado, como fiscal togada. Este fallo también ha conllevado la cancelación de su ascenso a la más alta categoría dentro de la carrera fiscal.
Según fuentes jurídicas que han compartido información con Europa Press, la decisión del Pleno del TC se ha adoptado con un voto mayoritario de siete a favor y cinco en contra, siendo estos últimos representantes de la corriente conservadora del tribunal, quienes han anunciado que elaborarán votos particulares en oposición a la decisión tomada.
El Tribunal Constitucional ha determinado que el recurso de amparo presentado por Delgado es de especial trascendencia constitucional, lo que justifica su admisión. La demanda de Delgado no solo aborda un asunto particular, sino que también incide en un aspecto de un derecho fundamental que carece de precedentes doctrinales en el TC, resaltando la importancia de la cuestión planteada dado su alcance jurídico y su impacto social y económico.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la mayoría de los magistrados ha mostrado su disposición a aceptar el recurso de amparo presentado por Delgado, lo que implica el rechazo a la ponencia de la magistrada conservadora Concepción Espejel, quien había argumentado en contra de la admisión del recurso por considerar que las circunstancias no justificaban la entrada al tribunal y que la sentencia cuestionada no era arbitraria.
Este caso llega al Tribunal Constitucional más de un año después de que el Tribunal Supremo emitiera su sentencia, que tuvo lugar en noviembre de 2023. En esa ocasión, el alto tribunal anularía la promoción de Delgado a fiscal de sala, particularmente en la Sala de lo Militar del TS, al detectar una "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un intento de favorecer a su predecesora.
Previo a su intervención ante el TC, Delgado había presentado un incidente de nulidad que el Supremo decidió desestimar, lo que la llevó a elevar su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, marcando un episodio más en la compleja intersección entre política y justicia en España.
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