El 29 de enero, la capital española se convirtió en el epicentro de un escándalo que sacude a las instituciones judiciales del país. A las 09:45 horas, Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, llegó a la sede del Tribunal Supremo para comparecer como investigado en relación con la controvertida filtración atribuido a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Su llegada no pasó desapercibida; decenas de periodistas esperaban ansiosos su entrada al majestuoso Palacio de las Salesas a primera hora de la mañana. Con un atuendo que incluía un traje gris, una camisa blanca y una corbata decorada con imágenes de la balanza de la Justicia, García Ortiz eligió no hacer ningún tipo de declaración a los medios, dejando a la prensa especulando sobre el contenido de su testimonio.

Este hecho marca un hito, ya que es la primera ocasión en que un fiscal general del Estado se presenta como investigado ante un tribunal penal. La citación se lleva a cabo luego de que, en una decisión inesperada, el magistrado a cargo del caso rechazara la solicitud de García Ortiz para atrasar su comparecencia y, en su lugar, interrogar primero a González Amador.

García Ortiz se presentó ante el magistrado Ángel Hurtado, después de que ya lo hicieran más de diez testigos, que incluyen a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. Entre los interrogados también se encontraban figuras relevantes como el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y varios periodistas, lo que pone en evidencia la magnitud del caso.

Aunque varios testigos han aportado sus declaraciones, García Ortiz se convierte en el primer investigado que enfrenta al Tribunal Supremo en este proceso. Se espera que la fiscal provincial de Madrid también rinda cuentas ante el magistrado en los días siguientes, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General lo haga el 5 de febrero. Al ser considerado investigado, García Ortiz dispone del derecho a no declarar o a responder únicamente a su defensa, lo que añade una capa de complejidad al caso.

La investigación se centra en determinar si García Ortiz y otros fiscales imputados tuvieron un papel en la filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador. Este mensaje, fechado el 2 de febrero, ofrecía un acuerdo a cambio del reconocimiento de dos delitos fiscales, lo que ha suscitado serias dudas sobre las prácticas de los altos funcionarios del Ministerio Público.

El magistrado ha señalado que la información obtenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporta datos relevantes en este sentido, subrayando la supuesta "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración en cuestión. De esta manera, el instructor establece una base indiciaria que sugiere que el fiscal general podría haber sido el arquitecto detrás de dicha filtración, aprovechando su posición de poder sobre otros fiscales implicados en el caso.

Contrario a las acusaciones, fuentes cercanas al fiscal general han declarado a Europa Press que García Ortiz sostendrá que no tuvo nada que ver en la difusión de los correos en cuestión, y argumentará sobre los cambios de dispositivos móviles que ha realizado en los últimos años. Además, se espera que exponga las conversaciones que mantuvo la noche del 13 de marzo en el Ministerio Público, quienes buscaron desmentir la información publicada por 'El Mundo' sobre un posible pacto entre la Fiscalía y la defensa de González Amador.