En Madrid, el 2 de diciembre, el ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, reaccionó a la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha decidido no reabrir la investigación sobre la supuesta necesidad de abstención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el caso del rescate de Air Europa. López calificó esta resolución como un contundente revés para la estrategia de ataque del Partido Popular (PP).

La negativa del TSJM surge tras la solicitud del PP de forzar a la Oficina de Conflicto de Intereses a examinar la posible implicación personal de Sánchez, dado que su esposa, Begoña Gómez, tiene vínculos con Air Europa. Esta petición fue desestimada por el Tribunal, que considera que no hay razón para dudar de la claridad en la separación de intereses del presidente y su cónyuge.

Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, López destacó que este resultado reafirma el sentido común frente a la "estrategia del fango" de la oposición. Según él, el esfuerzo del PP por involucrar a Sánchez no ha tenido éxito y pone de relieve la seriedad de las decisiones judiciales.

El ministro recordó que, en ocasiones anteriores, la Oficina de Conflicto de Intereses ya había confirmado que no existían lazos entre el presidente y Air Europa, ni tampoco entre su pareja y la empresa. Esto respalda la conclusión reciente del TSJM de que no existe incompatibilidad alguna en la actuación de Sánchez en este asunto.

En respuesta a un recurso del PP presentado este verano, el TSJM había dictado previamente que la Oficina debía presentar más información sobre la denuncia, lo que culminó en la determinación actual de que no hay conflictos de intereses. López declaró que esto representa una "nueva victoria del sentido común" frente a los intentos de desestabilizar al gobierno por parte de la oposición.

El juez del TSJM, al comunicarse con Europa Press, afirmó que la Oficina de Conflicto de Intereses ya había investigado el caso de manera suficiente y que no había razón para considerar la acción del presidente como inapropiada. Los populares habían pedido que se anulara la resolución emitida el 16 de septiembre, que declaró que no había obligación de abstención por parte de Sánchez, pero esta reclamación fue rechazada.

Los magistrados indicaron que el PP había llevado este asunto a la Oficina de Conflicto de Intereses y que había sido atendido de forma adecuada. La corte también enfatizó que no es necesario realizar investigaciones adicionales, a menos que exista un relevamiento claro de nuevas evidencias que justifiquen una revisión.

El tribunal invitó al PP a presentar un recurso si consideran insuficiente el trabajo de la Oficina, sugiriendo que la crítica es válida solo si se demuestra una falta real en la diligencia investigativa. Esta decisión reafirma la independencia del sistema judicial ante las presiones políticas y resalta un compromiso con la claridad y la transparencia en la función pública.