En una iniciativa significativa para fortalecer la democracia en el entorno digital, el Consejo de Ministros de España ha dado luz verde a un ambicioso proyecto de ley proveniente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Este nuevo marco legal tiene como objetivo configurar un registro estatal de medios de comunicación, supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión ministerial, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, enfatizó la relevancia del proyecto, afirmando que su implementación repercutirá notablemente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Ahora, el texto será enviado al Congreso para su discusión parlamentaria, con la esperanza de que se apruebe rápidamente, instando a los partidos a actuar con responsabilidad.

El proyecto implica una modificación a la Ley 13/2022 de Comunicación Audiovisual, que ahora pasará a denominarse 'Ley General de Comunicación Audiovisual y de Medios de Comunicación'. Esta nueva versión incluirá a los proveedores de prensa, ampliando así su alcance y asegurando una mayor regulación de los mismos.

Asimismo, el texto busca redefinir varios aspectos de la legislación existente para facilitar una mejor comprensión del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, garantizando a su vez el respeto por las competencias de las comunidades autónomas en lo que respecta a los medios locales.

Entre las novedades, se contempla la creación de un registro estatal que incluirá a los medios públicos, permitiéndoles registrar información crucial sobre la propiedad, así como los fondos públicos recibidos por publicidad estatal. Este registro será accesible para el público, promoviendo la transparencia en el sector.

También se establecerán registros autonómicos en coordinación con el registro estatal, donde se inscribirán los medios de comunicación locales, lo que habilitará un control más eficaz en materia de pluralismo mediático, hecho que será supervisado por la CNMC.

El proyecto de ley también delimitará las competencias de las autoridades estatales en relación a los medios de comunicación, otorgando al Ministerio para la Transformación Digital un rol fundamental en la regulación y promoción de la autorregulación, mientras que la CNMC se centrará en el monitoreo del cumplimiento normativo.

Además, se prevén cambios en la Ley 3/2013, que constituyó la CNMC, para incluir nuevas funciones que garanticen una supervisión más robusta, con la creación de dos nuevas direcciones enfocadas en servicios digitales y medios de comunicación.

El marco normativo también adaptará la Ley 34/2002 sobre servicios de la sociedad de la información, designando a la CNMC como el organismo encargado de coordinar el control de los servicios digitales y ampliar así su capacidad de supervisión y sanción en este ámbito.

La CNMC estará encargada de velar por la adecuación de los proveedores de servicios digitales a la normativa europea, que incluye la implementación de medidas para proteger a los consumidores y garantizar la privacidad, así como la seguridad de los menores en línea.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos se encargará de supervisar las restricciones en la publicidad basada en categorías sensibles de datos personales, proporcionando un marco adicional de protección para los ciudadanos, especialmente los menores.

Finalmente, el nuevo proyecto establecerá un régimen de sanciones para abordar las infracciones en el ámbito de los servicios digitales, con multas que podrían alcanzar el 6% de la facturación global anual para las violaciones más graves, asegurando así un cumplimiento riguroso de las obligaciones establecidas.

En resumidas cuentas, esta reforma representa un paso decisivo hacia la adaptación del marco legal español a la normativa europea en materia de servicios digitales y medios de comunicación, buscando fortalecer la confianza y la transparencia en el panorama comunicativo del país.