En una reciente reunión, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, hizo un anuncio significativo respecto al futuro del salario mínimo interprofesional (SMI). El Gobierno ha planteado a los actores sociales un incremento del SMI del 3,1% para el año 2026, elevándolo a 1.221 euros mensuales distribuidos en catorce pagas y sin sujeción al IRPF. Este compromiso también incluye el inicio de un estudio "serio" sobre la posibilidad de flexibilizar la Ley de Desindexación en lo que respecta a los contratos públicos.

El aumento propuesto elevaría el SMI actual de 1.184 euros mensuales en 37 euros. Esta cifra se deriva de las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno, el cual sugirió un incremento similar si se mantiene la exención de tributación o un 4,7% si el SMI pasara a tributar.

Pérez Rey comentó que se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que el SMI continúe sin tributar en 2026. En la reunión celebrada hoy, representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme examinarán esta propuesta, aunque el secretario de Estado no ha recibido aún respuestas definitivas. A pesar de ello, se mostró optimista sobre el resultado: "el ambiente de la reunión fue esperanzador”, expresó.

En esta sesión, no se abordó la reforma de las pautas de compensación y absorción de salarios, ya que se considera un tema independiente. Sin embargo, se discutieron las posibles modificaciones sobre la indexación en los contratos públicos, buscando que se permita trasladar los aumentos del SMI a los precios de estos contratos, una petición histórica de los empleadores que cuenta con el respaldo de los sindicatos y del propio Ministerio de Trabajo.

Pérez Rey argumentó que es ilógico que los aumentos del SMI no impacten en las licitaciones de contratos públicos, destacando que sectores vitales para la economía, como la limpieza o la seguridad privada, deben poder ajustar sus precios ante las variaciones del salario mínimo. “Se trata de una solicitud unánime de los interlocutores sociales”, explicó el secretario de Estado.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha defendido la necesidad de integrar medidas que mitiguen el impacto salarial en la contratación pública. Esta propuesta, que ha tenido dificultades en el pasado debido a la oposición del Ministerio de Hacienda, busca facilitar la adaptación a la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que exige a los Estados miembros asegurar que las subidas de salarios mínimos se reflejen en los contratos públicos.

Pérez Rey enfatizó que esta cuestión no es solo una oportunidad política o jurídica, sino casi una obligación impuesta por Europa, ya que ha sido respaldada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “No se ha cuestionado en ningún caso la necesidad de abordar la desindexación y su traslado a los precios en la contratación pública”, indicó.

El secretario de Estado se comprometió a colaborar con los otros ministerios involucrados para buscar un acuerdo que simplifique las reglas de desindexación en ciertas condiciones laborales. Ahora, los representantes de los actores sociales deberán considerar la propuesta del Gobierno, que combina el aumento del SMI con la flexibilización de las normas de desindexación.

Aunque Pérez Rey admitió que no puede hablar en nombre del sector empresarial, confía en que la CEOE, al consultar internamente, podría encontrar puntos en común en torno a ambos elementos. “Espero que estas medidas permitan que el SMI de 2026 no pierda poder adquisitivo”, añadió con optimismo.

Respecto a la reforma de la Ley de Desindexación y la posibilidad de que requiera un Real Decreto-Ley, Pérez Rey señaló que aún deben analizarlo con detenimiento, ya que existe una variedad de opciones jurídicas para implementar esta adaptación. "No descartamos que, si es viable, se aborde por otras vías parlamentarias en el futuro”, concluyó.