El pasado martes, el Consejo de Ministros en Madrid dio un paso significativo al aprobar un anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, impulsado por el Ministerio del Interior. Esta legislación tiene como objetivo garantizar la protección de servicios esenciales en sectores estratégicos, que incluyen la energía, el transporte, la sanidad, el suministro de agua y la administración pública.

Este nuevo marco legal se alinea con las exigencias de la Directiva CER de la Unión Europea, permitiendo a España modernizar su respuesta ante amenazas cada vez más complejas, desde desastres naturales hasta actos de sabotaje, abarcando además riesgos tecnológicos y amenazas híbridas que afectan a la seguridad nacional.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, enfatizó durante la rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa que el anteproyecto incorpora la última normativa europea para proteger a las organizaciones que desempeñan un papel crucial no solo en la esfera nacional, sino también en el contexto de la Unión Europea, asegurando la continuidad de funciones sociales y actividades económicas fundamentales.

Se han identificado sectores clave que estarán bajo la protección de esta ley, como la energía, el agua, la sanidad, el transporte y la industria alimentaria, además de la industria nuclear, las instalaciones de investigación y la seguridad privada, entre otros.

“El establecimiento de esta nueva ley posiciona a España a la vanguardia en la protección de servicios esenciales,” declaró el ministerio. Este enfoque representa un giro radical en la seguridad nacional, ya que se centra no solo en proteger infraestructuras específicas, sino también en asegurar la continuidad de servicios vitales ante incidentes graves de diversa índole.

El anteproyecto exige a las entidades críticas realizar una evaluación exhaustiva de todos los riesgos que podrían impactar la prestación de sus servicios. Asimismo, deberán desarrollar un Plan de Resiliencia que contemple medidas de prevención, respuesta y recuperación, incluyendo formación especializada del personal y gestión de la cadena de suministro.

La normativa también establece procedimientos para realizar verificaciones de antecedentes del personal que ejerza funciones sensibles en estas entidades, reforzando así la seguridad en el acceso a instalaciones y sistemas considerados críticos.

El Centro Nacional de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, una dependencia de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, se establecerá como el organismo encargado de coordinar esta nueva normativa entre los distintos actores, tanto públicos como privados.

Este anteproyecto abarcará a las entidades críticas que operan dentro del territorio español, aunque excluye a aquellas que pertenecen a los sectores bancario y financiero, así como a las infraestructuras digitales, que ya cuentan con su propia regulación. Además, no se aplicará a instituciones bajo el Ministerio de Defensa ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuerpos policiales autonómicos, que estarán sujetos a sus normativas específicas.