El Gobierno español se encuentra en las etapas finales de preparación de su argumentación para disolver la Fundación Francisco Franco (FNFF), señalando que sus actividades constituyen una clara promoción del franquismo, además de un desprecio hacia la dignidad de las víctimas del régimen. Esta decisión se toma en el marco de una política más amplia de memoria democrática que busca reparar el daño histórico causado por la dictadura.

La información proviene de una respuesta oficial que el Ejecutivo ha enviado al diputado de ERC, Francesc Marc Álvaro, quien había demandado esclarecimientos tras las declaraciones del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien expresó su esperanza de que el proceso de extinción se complete en el transcurso del presente año.

En virtud de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno inició en junio una serie de gestiones para reunir información necesaria que justifique la disolución de la FNFF, y fue el Ministerio de Cultura el encargado de gestionar este procedimiento, dado que es el organismo responsable del Protectorado de Fundaciones. Para esto, el Ministerio solicitó informes exhaustivos sobre la fundación tanto a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática como al Registro de Fundaciones de ámbito estatal.

El plan del Gobierno prevé que, una vez reunidos los datos, se formalice el procedimiento con una comunicación oficial a la fundación, otorgándole un periodo para presentar sus alegaciones. Adicionalmente, se prevé que se solicite un informe a la Abogacía General del Estado para fortalecer la base legal del proceso.

En marzo, el ministro de Memoria Democrática había informado al Congreso sobre la elaboración de un primer informe que, debido a cuestiones legales imprevistas y a cambios estatutarios recientes de la fundación, necesitó ser ampliado antes de dar el siguiente paso en el expediente. Torres también indicó que la Abogacía del Estado finalizaría su informe para enviarlo al Ministerio de Cultura de forma urgente.

De acuerdo con la última comunicación del Gobierno a Álvaro, a la que tuvo acceso Europa Press, se ha confirmado que, tras un análisis exhaustivo de documentos y testimonios, el ministerio de Torres enviará pronto un informe a Cultura que justifica el inicio del procedimiento para la extinción de la FNFF.

El Gobierno establece que se considera necesario instar judicialmente a la disolución de la fundación y, si fuese pertinente, solicitar la suspensión temporal de sus actividades hasta que se llegue a una sentencia. Además, se evaluará la posibilidad de pedir medidas cautelares para asegurar la efectividad de dicha suspensión.

La argumentación legal del ministerio sostiene que la FNFF no persigue fines de interés general y que sus actividades son diametralmente opuestas a este principio. El documento señala que la fundación no solo hace apología del franquismo, sino que también ensalza el golpe de Estado y la dictadura, y menosprecia la dignidad de las víctimas, incitando al odio y la violencia en un contexto de revictimización.

Por otro lado, el Gobierno ha informado a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática sobre los eventos organizados por la Plataforma 2025, que celebra el legado de Franco a 50 años de su muerte. Esto se hace con el fin de evaluar si tales actos constituyen una exaltación de la violencia y podrían posiblemente encuadrarse en delitos de odio u otras infracciones penales.