La dirección del PSOE se encuentra en una encrucijada ante la controversia suscitada por los audios de Leire Díez, quien solicitó información sobre un mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La posibilidad de suspender su militancia ha sido dejada en manos de Ferraz, mientras el Gobierno se distancia de ella.

En una declaración oficial, el Ejecutivo ha desmentido cualquier vínculo con la militante socialista, asegurando que actúa de manera independiente y que sus acciones no están bajo la guía del Gobierno. Desde Moncloa, se destaca que las ofertas de acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que ella propone son imposibles de cumplir y no cuentan con respaldo gubernamental.

A pesar de las implicaciones serias en los audios donde Díez, quien desempeñó roles importantes en empresas públicas entre 2018 y 2024, discutía tratos con el empresario Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, el Gobierno ha decidido no emprender acciones legales inmediatas contra ella.

Esto se alinea con el comunicado emitido por el PSOE, que defendió la postura de que Leire Díez no representa al partido y no está en su nómina. A pesar de admitir la autenticidad de las grabaciones, ella argumenta que las conversaciones son parte de una investigación periodística y no de una iniciativa política.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, hizo hincapié en que cualquier comentario relacionado con esta situación se remitirá a las declaraciones oficiales del partido, enfatizando que la dirección del PSOE será la encargada de decidir sobre la posible suspensión de militancia de Díez.

Por ahora, el Gobierno no ha encontrado justificación para llevar el caso a la Justicia, aunque se considera que hay elementos que sugieren que Díez pudo haber exagerado su influencia y hecho promesas que no puede cumplir. Las conversaciones extractadas no mencionan la legitimidad de su capacidad para hacer ofertas a entidades estatales.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también se pronunció sobre el asunto, descartando cualquier intervención judicial por parte del Ejecutivo en este momento y sugiriendo que las decisiones pertinentes deben ser tomadas por las autoridades judiciales competentes.

Es importante recordar que Alejandro Hamlyn tuvo un pasado complicado; fue detenido en 2019 durante la 'operación Drake' por supuestos actos de fraude relacionados con la venta de combustible, lo cual añade un contexto inquietante a las revelaciones que han salido a la luz ahora.