El juez Manuel García Castellón ha finalizado la investigación en la pieza 5 del 'caso Púnica', donde encontró indicios para juzgar al exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados y a otras 20 personas por contratos en los ayuntamientos de cuatro localidades madrileñas: Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. El magistrado propone acusar a Granados, al empresario David Marjaliza y a su mujer, Adela Cubas, así como a otros tres exalcaldes de Valdemoro y varios exaltos cargos del Consistorio de dicho municipio. Además, incluye a un exalcalde de la localidad de Moraleja de Enmedio, a técnicos municipales y personas vinculadas al Grupo Marjaliza.

El auto de pase a procedimiento abreviado acuerda el archivo y sobreseimiento completo de la pieza 5 para dos personas. Para otras siete, el juez archiva parcialmente la causa solo en lo referente a dos de los expedientes vinculados a la participación en los procesos de licitación de la empresa Recuperaciones Oasis SL.

Los delitos concretos que aparecen en esta investigación son el cohecho, la prevaricación administrativa y la revelación de Información reservada y secretos, el tráfico de influencias, los fraudes, el cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa, el aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y el cohecho de persona jurídica.

La pieza 5 se enfocó en la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, encontrando una serie de prácticas poco éticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa.

El empresario David Marjaliza tenía una influencia directa o indirecta sobre aquellos con poder de decisión. En algunos casos, él mismo concurría a la licitación a través de alguna sociedad directa o indirectamente sometida a su control, mientras que en otros hacía que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación fuera precisamente aquella que a él le interesaba.

En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, parquin, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.

El auto también destaca como Marjaliza era informado con suficiente antelación sobre el inicio de estas licitaciones, para poder preparar la documentación necesaria con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación. Su influencia en determinados cargos públicos de Valdemoro resultaba especialmente relevante en orden a la obtención privilegiada de información respecto a los procesos de licitación, bien en su capacidad de influir en la toma de decisiones durante el proceso de litación.

Con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento económico, el empresario logró la adjudicación directa de diversos contratos menores, prescindiendo de las normas de contratación administrativa y fraccionando de forma sucesiva una prestación que se debía haber ofertado públicamente mediante el correspondiente concurso público para su licitación.

El magistrado da un plazo de diez días a las acusaciones para formular el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.