El juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, ha decidido no resolver sobre las euroórdenes contra Carles Puigdemont y Toni Comín hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las posibles medidas cautelares que ambos puedan presentar para restablecer su inmunidad parlamentaria provisionalmente.

En respuesta a la petición de la Fiscalía, el juez recuerda que la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio contra ambos puede ser recurrida ante el TJUE hasta el 15 de septiembre de este año. En caso de que se presente un recurso, se podrá solicitar al TJUE que se restablezca provisionalmente la inmunidad parlamentaria mientras se resuelve el recurso.

En ese sentido, el juez explica que cualquier euroorden emitida en el estado actual del procedimiento quedará paralizada si el TJUE acepta las medidas cautelares solicitadas, lo que haría innecesario emitir una orden de detención en este momento.

En cambio, si no se presenta ningún recurso ante el TJUE, o si el tribunal rechaza las medidas cautelares solicitadas, se podrá tomar la decisión de entregar a los acusados antes de que termine el plazo máximo de tres meses.

El juez argumenta que, en aras de la cooperación leal entre los organismos de la Unión Europea y sus Estados miembros, es necesario que la iniciativa jurisdiccional pueda cumplir su propósito, especialmente si la suspensión de la inmunidad parlamentaria fue concedida legalmente.

En resumen, Llarena ha aceptado la petición de las acusaciones y resolverá una vez que el TJUE se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por los acusados en relación con la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

A continuación, el juez proporciona una cronología de las decisiones tomadas en relación con el suplicatorio contra Puigdemont y Comín. En primer lugar, el Parlamento Europeo suspendió su inmunidad como resultado del suplicatorio. Sin embargo, los acusados recurrieron esta decisión ante el TGUE.

A pesar de que el TGUE rechazó suspender la retirada de la inmunidad de manera cautelar, el TJUE acordó esta medida provisionalmente el 24 de mayo de 2022, lo que permitió a los procesados seguir disfrutando de su inmunidad provisional.

Esta medida cautelar fue revocada cuando el TGUE desestimó el recurso presentado por los acusados contra la decisión del Parlamento Europeo el 5 de julio de 2023.