En un desarrollo significativo en la búsqueda de justicia, el juez de la Audiencia Nacional (AN), Santiago Pedraz, ha dirigido una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) de España. En esta comunicación, solicita aclaración sobre la posibilidad de que España lleve a cabo una investigación sobre las presuntas torturas perpetradas por altos funcionarios del régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial. Entre los acusados se encuentra su hijo, Carmelo Ovono Obiang, involucrado en el caso de cuatro opositores, dos de ellos de nacionalidad española y todos residentes legales en el país, uno de los cuales falleció en prisión.

El juez Pedraz detalla en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la naturaleza de la investigación, que se centra en la desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R). Según la denuncia presentada, estos opositores fueron engañados para que viajaran de Madrid a Yuba, en Sudán del Sur, donde supuestamente fueron secuestrados y trasladados a Guinea Ecuatorial en un avión presidencial.

El relato del juez revela que estos prisioneros fueron encarcelados en las instalaciones de la prisión de Oveng Azem en Guinea Ecuatorial, donde habrían sufrido torturas y malos tratos. Lamentablemente, uno de ellos, Julio Obama, perdió la vida mientras estaba bajo custodia, lo que acentúa la gravedad de las acusaciones.

Los altos cargos investigados en este caso incluyen a Carmelo Ovono Obiang, quien ocupa el cargo de secretario de Estado de Seguridad Exterior, además de Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad Nacional; e Isaac Nguema Ondo, director general adjunto de la Seguridad Presidencial. Se han emitido órdenes internacionales de detención contra ellos debido a su incomparecencia ante la Audiencia Nacional.

El contexto judicial se complica aún más, ya que Guinea Ecuatorial ha solicitado, mediante una comisión rogatoria, la cesión del caso. Esta solicitud fue aceptada inicialmente el 8 de noviembre, pero posteriormente la Sala de lo Penal de la AN revocó la decisión, argumentando que “no puede cederse algo de lo que se carece”, dado que no existe un tratado internacional que apoye dicha cesión. No obstante, la sala no se pronunció sobre la falta de perseguibilidad del caso.

En respuesta a estos acontecimientos, el juez Pedraz decidió concluir sus investigaciones, aunque sin proceder a un procesamiento, argumentando que había falta de jurisdicción. Sin embargo, la Sala de lo Penal intervino nuevamente y reabrió el caso, considerando que había diligencias aún pendientes que requerían atención.

El juez enfatiza que, conforme a la legislación vigente, España no puede perseguir hechos que ya estén siendo investigados por el Estado donde ocurrieron o el Estado de nacionalidad de los imputados, a menos que se demuestre que el Estado en cuestión no puede o no está dispuesto a llevar a cabo la investigación. Este punto se vuelve crucial, ya que diversas partes han señalado que Guinea Ecuatorial opera como una dictadura, donde el poder judicial no actúa con independencia.

Además, se argumenta que el secuestro y las torturas denunciadas fueron ejecutadas bajo la dirección del poder del régimen ecuatoguineano, y que aquí en España se llevaron a cabo actos preparatorios para dichos delitos. Bajo estas circunstancias, Pedraz solicita a la alta instancia judicial que se pronuncie sobre la competencia que tiene España para abordar el caso.

Asimismo, el magistrado subraya que Guinea Ecuatorial ya ha iniciado un procedimiento para investigar y perseguir los mismos hechos que la Audiencia Nacional está analizando, lo que resalta la necesidad de que el Tribunal Supremo determine si efectivamente existe o no jurisdicción en este caso.

Pedraz advierte que si no se emite esta clarificación sobre la falta de perseguibilidad, se crearán precedentes problemáticos, ya que no se puede continuar con procedimientos que carecen de jurisdicción. Pone de manifiesto que la cuestión de la competencia judicial española debe ser abordada con urgencia y proporciona argumentos sólidos para que la Sala Segunda del Tribunal Supremo evalúe este asunto, especialmente cuando Guinea Ecuatorial ha sostenido su propia jurisdicción en este delicado tema.