La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se encuentra en el centro de una controversia tras la solicitud del juez Juan Carlos Peinado, quien ha exigido aclaraciones sobre la contratación de Blanca de Juan de Castro como coordinadora de un máster liderado por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una reciente providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha instado a la Escuela de Gobierno de la UCM a proporcionar información detallada en un plazo de diez días. La consulta abarca la ubicación física del puesto de trabajo de De Juan, así como los procedimientos de selección, las funciones desempeñadas, la compensación económica y el origen de dicha financiación.

Esta acción judicial se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre posibles irregularidades atribuidas a Begoña Gómez, que incluyen delitos como tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. El juez Peinado tomó esta decisión después de interrogar a De Juan en febrero, donde ella reveló que fue propuesta para el cargo por Gómez para coordinar un innovador proyecto de Transformación Social Competitiva.

Durante su declaración, la excoordinadora también mencionó que habitualmente incluía en sus correos electrónicos a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, quien está bajo investigación. De Juan justificó esta acción diciendo que el interés de Álvarez radicaba en coordinar la seguridad y la agenda de la esposa del presidente, además de negar cualquier vinculación con la recaudación de fondos para la cátedra o reuniones con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien también es objeto de la pesquisa.

El sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, revela un correo de octubre de 2022 donde dos funcionarios de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM instruyen a Álvarez sobre el proceso de registro del dominio para la página web del máster, indicando que el correo fue remitido también a Gómez y De Juan.

Este intercambio incluye un mensaje más antiguo, datado del 7 de septiembre, que adjunta un formulario interno necesario para formalizar el registro de la página web en la propiedad intelectual, levantando aún más preguntas sobre la gestión y la transparencia dentro de la universidad.