La investigación sobre el Madeira Invest Club (MIC) ha tomado un nuevo giro en la Audiencia Nacional, donde se ha decidido suspender la inspección fiscal que perseguía al empresario Álvaro Romillo, conocido como 'Cryptospain'. Este magistrado ha solicitado que se analice la posibilidad de que existan cuotas tributarias no declaradas por parte de los implicados en el caso, en el que se presumen maniobras fraudulentas.

Según documentos judiciales, el juez ha instruido a la Agencia Tributaria para que designe de manera urgente a los auxiliares necesarios que puedan llevar a cabo esta indagación sobre las irregularidades fiscales relacionadas con los implicados en el escándalo. Este mandato se dirige no solo a identificar posibles defraudaciones, sino también a explorar si se han cometido delitos fiscales dentro del marco de esta investigación.

La decisión del juez se ha comunicado formalmente a la Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid. Se busca establecer si las conductas de los investigados podrían ser penadas en caso de que no se logre probar la estafa que se les imputa. Esta situación se produjo tras una petición del inspector regional, quien había recomendado pausar las revisiones fiscales debido a la superposición de hechos que se están examinando tanto administrativamente como judicialmente.

La Agencia Tributaria ha subrayado la necesidad de evitar que múltiples entidades administrativas y judiciales realicen investigaciones redundantes sobre el mismo tema, lo cual no solo sería ineficiente, sino que podría crear discrepancias en los hallazgos de ambas esferas. Además, sugiere que un abordaje penal podría ser más eficiente gracias a sus amplias capacidades investigativas en comparación con los procedimientos administrativos.

Por otro lado, se ha mencionado que el fisco se ha visto obligado a advertir sobre el riesgo de que, si no se suspenden las acciones inspectoras, esto podría resultar en la conclusión de los procedimientos administrativos basados en las pruebas disponibles, generando divergencias entre las conclusiones administrativas y penales.

El caso ha revelado que la Agencia Tributaria ha estado investigando numerosas empresas vinculadas a Romillo, quien habría creado un entramado con la colaboración de su círculo familiar y profesional. Estos vínculos incluyen a su pareja y sus hijos, todos supuestamente involucrados en la constitución y operación de estas entidades en diferentes países.

Según informes de la Guardia Civil, además de Romillo, otros miembros de su familia también estarían implicados en la trama, incluyendo viajes frecuentes a República Dominicana. Los datos sugieren que podrían estar operando hasta trece sociedades en ese país, con la posibilidad de otras adicionales no identificadas hasta ahora.

La naturaleza de las acusaciones es grave: Romillo y sus socios son señalados como los cerebros detrás de una pirámide financiera disfrazada de un club de inversiones que prometía rendimientos exorbitantes a cambio de una cuota anual. La Guardia Civil calcula que el MIC había presentado ofertas a sus miembros por obras de arte valoradas en más de 261 millones de euros, y había recaudado entre cinco y siete millones de euros a través de sus procesos de admisión en los últimos años.

Sin embargo, el Madeira Invest Club sufrió un colapso total en septiembre de 2024, dejando a miles de inversores sin acceso a sus fondos, lo que ha intensificado la atención sobre este caso y la urgencia de las investigaciones en curso.