La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado en Sevilla que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 2 de septiembre un ambicioso proyecto de legislación que permitirá al Estado asumir hasta 83.252 millones de euros en deudas acumuladas por las comunidades autónomas.

Este plan se origina a raíz del acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que contempla la condonación parcial de la deuda de Cataluña y abre la puerta a que otras comunidades puedan beneficiarse si así lo solicitan.

Durante una visita a la empresa GRI Towers, Montero confirmó que "el martes presentaremos al Consejo de Ministros esta iniciativa histórica, que busca perdonar cerca de 85.000 millones de euros en deudas a las comunidades autónomas".

La titular de Hacienda destacó que "nunca antes una administración había considerado un plan tan audaz como este", subrayando que “Andalucía será la comunidad que más se beneficie, con un perdón de deuda cercano a los 18.791 millones de euros”.

Además, Montero criticó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a quien acusó de desinformar sobre el alcance de la propuesta, señalando que había insinuado que Cataluña recibiría un trato preferencial. "Es Andalucía la que mayor ventaja obtendría con esta condonación", aclaró.

Montero también expresó su desconcierto sobre la oposición de Moreno, afirmando: "Es difícil comprender por qué alguien rechazaría la posibilidad de que se perdone parte de su deuda sin coste alguno”. Defendió que esta propuesta debería ser considerada de manera más reflexiva, incluso por aquellos que actualmente la critican.

La ministra hizo alusión a la postura del PP, sugiriendo que su oposición responde a una estrategia política más que a razones objetivas: "Están actuando en función de acatar dictados de Génova, optando por oponerse simplemente por oponerse, incluso si eso significa perjudicarse a sí mismos".

Con la mirada puesta en la tramitación de esta ley, Montero expresó su deseo de que, tras su aprobación, las comunidades reconsideren su postura. Afirmó que es improbable que alguna comunidad, incluida Andalucía, no desee beneficiarse de la condonación que podría aligerar significativamente su carga financiera.

En febrero, el Ministerio de Hacienda presentó la fórmula que determinará la deuda que asume el Estado por cada comunidad, dejando en manos de cada Gobierno regional la decisión de acogerse o no a esta medida.

Andalucía y Cataluña, que recibiría una deducción de 17.104 millones, son las más beneficiadas de esta propuesta; seguidas de la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, y otras. Por el contrario, Euskadi y Navarra no están incluidas en el régimen común y buscan igualmente maneras de beneficiarse de la condonación a través de sus propios sistemas forales.

A medida que se espera la aprobación del anteproyecto de ley, se tiene previsto que el texto se remita a las Cortes Generales para su discusión y eventual ratificación en el Parlamento.

Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en febrero, el Gobierno impulsó esta iniciativa, aunque las comunidades gobernadas por el PP se retiraron sin votar, una acción que el Gobierno interpretó como una abstención. Se cree que, pese a sus críticas, si la ley se aprueba, acabarán beneficiándose de ella.

La metodología de condonación se lleva a cabo en varias fases, analizando los niveles de endeudamiento de las comunidades y estableciendo mecanismos de compensación para aquellas con deudas superiores a la media. La propuesta busca corregir desequilibrios históricos y se espera que todos los territorios encuentren en esta ley una oportunidad para mejorar su salud financiera.