En un total de 210.334 migrantes se encontraban con autorización vigente de residencia por arraigo a finales de 2023, lo que representa un aumento del 68% respecto al año anterior, según los datos oficiales a los que Europa Press tuvo acceso. De ellos, el 9% obtuvo la autorización estando en irregularidad sobrevenida, mientras que el resto se encontraba en situación de irregularidad profunda. Este incremento se debe principalmente a las autorizaciones por arraigo familiar y por formación.

Además, mientras el arraigo social ha experimentado un aumento del 19% en el último año, el arraigo laboral ha visto una disminución del 34%. Las nacionalidades más representadas entre los beneficiarios son Colombia y Marruecos, con un crecimiento significativo en el último año.

El perfil medio de los titulares de autorización inicial por arraigo oscila entre los 45 y los 33 años, dependiendo de la nacionalidad. En términos de género, el porcentaje de mujeres es del 50%, aunque varía notablemente según la procedencia de los migrantes.

Madrid y Barcelona concentran más de un tercio de las personas con autorización de arraigo, siendo las provincias con mayor crecimiento anual en este sentido. Por otro lado, provincias como Soria cuentan con un número mucho más reducido de beneficiarios.

Destacan los aumentos significativos en provincias como Córdoba y Ciudad Real, con crecimientos anuales por encima del 180%. Por el contrario, Almería y Girona muestran cambios mínimos en este aspecto.

En general, el tiempo medio en la irregularidad ha disminuido en todas las provincias, a excepción de la Ciudad autónoma de Melilla. Teruel destaca por el mayor descenso en este ámbito.

Por otro lado, la Fundación Aspasia ha presentado un informe sobre el arraigo por formación, destacando que esta medida no solo permite la residencia por estudios, sino que también facilita la incorporación al mercado laboral de personas con la formación necesaria. Asimismo, se destaca la importancia de este tipo de regularizaciones para mejorar las condiciones laborales de las personas migrantes y sus familias.

En este contexto, se resalta la importancia de ofrecer oportunidades de formación y capacitación para las mujeres en situación de irregularidad administrativa, con el objetivo de mejorar sus perspectivas laborales y promover su empoderamiento. La formación y el acceso al empleo digno son clave para garantizar un futuro de calidad para todas las personas migrantes en busca de una vida mejor en España.