En un movimiento significativo hacia la transparencia, el Parlamento de Navarra ha hecho una solicitud formal al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso conocido como 'Koldo'. Esta petición busca obtener, antes del 15 de septiembre, una serie de documentos clave para una comisión de investigación centrada en las licitaciones y adjudicaciones de obras realizadas por el Gobierno de Navarra en los últimos cuatro mandatos legislativos.

El presidente del Parlamento navarro, Unai Hualde, formalizó esta solicitud en un comunicado fechado el pasado 7 de agosto y dirigido al magistrado Ismael Moreno, quien está a cargo del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional. La transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas son pilares fundamentales del proceso democrático, y esta acción del Parlamento es un paso hacia asegurar que la ciudadanía esté informada sobre la utilización de recursos públicos.

En su solicitud, Hualde enfatiza la importancia de obtener una copia de un atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se incluyó en el caso en febrero de 2024, así como otro documento de la misma unidad que fue presentado en octubre del año pasado. Estas informaciones son vitales para esclarecer los hechos y responsabilidades en torno al caso.

Además, Hualde ha solicitado la transcripción de la declaración de Víctor de Aldama, quien se percibe como un elemento clave en la trama, realizada en noviembre en la sede de la Audiencia Nacional antes de su liberación de prisión. Este testimonio podría aportar luz sobre las dinámicas de la presunta corrupción involucrada.

Finalmente, se pide también el acceso a un escrito que De Aldama presentó ante el tribunal, donde detallaba el presunto sistema de comisiones a funcionarios públicos en relación con la adjudicación de obras y su distribución geográfica. Esta información es crucial para evaluar cómo se han manejado los contratos públicos en la región.

Hualde ha insistido en que todos estos documentos deben ser entregados en formato digital al Parlamento de Navarra antes de la fecha límite del 15 de septiembre de 2025, subrayando la importancia de la agilidad en el acceso a la información para el correcto ejercicio de la función legislativa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.