En un reciente giro de acontecimientos, el Partido Popular (PP) ha revelado que se abrió un expediente interno en respuesta a la denuncia de acoso presentada por una exconcejal de Móstoles. Cabe destacar que, en el momento de la denuncia, la exedil ya no era miembro del partido y un procedimiento previo ya había sido realizado por la dirección regional del PP en Madrid. Esta investigación fue formalmente iniciada en noviembre de 2024 cuando el caso llegó al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido, según información obtenida por Europa Press de fuentes internas.

La exconcejal decidió abandonar el PP el 3 de octubre de 2024, mencionando en su carta que la razón de su decisión era la falta de protección que había experimentado. En su misiva, destacó que había hecho llegar a la organización en febrero una grave denuncia sobre acoso sexual y laboral durante su tiempo como concejal.

Se afirma que, en otoño de 2024, la Oficina de Compliance del PP recibió un escrito de la exconcejal, que a su vez fue enviado al Comité Nacional de Derechos y Garantías, presidido por Diego Calvo. A pesar de que la exedil ya no era parte del partido, este órgano disciplinario tomó la decisión de asignar un instructor para investigar el caso y abrir un expediente.

Este expediente interno incluye el testimonio de la exconcejal, quien presentó un documento de 20 páginas, así como la declaración del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Sin embargo, no se ha especificado si Bautista fue entrevistado de forma presencial o si su declaración fue enviada por escrito.

La investigación finalmente fue archivada en abril de 2025, ya que no se consideraron probadas las acusaciones de acoso sexual. Durante el proceso, la exconcejal señaló haber denunciado ante la justicia la eliminación de correos electrónicos de su ordenador, aunque no presentó denuncias formales en ese momento por acoso laboral o sexual.

A pesar del archivo de la investigación, la exconcejal ha decidido presentar una denuncia formal contra el alcalde por acoso sexual. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, ha declarado que la denuncia incluirá las supuestas tácticas de acoso que ella sufrió por parte del regidor, así como el hostigamiento laboral posterior.

Desde el PP, se ha defendido su actuación en este caso, argumentando que a pesar de que la situación ya había sido analizada previamente por la dirección del partido en Madrid, se decidió abrir un nuevo expediente para recoger información adicional.

"Sin pruebas fehacientes, no había capacidad para actuar de otra forma. Sin evidencias, no se puede proceder en contra de alguien", manifestaron fuentes del PP a Europa Press, reiterando que la exconcejal siempre tiene la opción de acudir a la vía judicial, tal como recordó públicamente el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Además, el PP ha contrastado su reacción ante la situación con la del PSOE en un caso similar que involucra al exdirigente socialista Paco Salazar, quien también fue denunciado por acoso. Según el PP, su respuesta fue más proactiva, dado que decidieron investigar el asunto a pesar de no enfrentar presión mediática como sí ocurrió en el caso de Salazar.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también opinó sobre el caso, subrayando que, en caso de que la exconcejal presente una denuncia, ella estaría en su derecho de hacerlo. Sin embargo, Gamarra hizo hincapié en que, a diferencia de cómo el PSOE manejó denuncias previas, el PP actuó activamente en este caso, abriendo un proceso para investigar las acusaciones.

Por otro lado, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha precisado que la primera información que recibieron sobre este caso fue en febrero de 2024 y que el Comité de Derechos y Garantías cerró la investigación en abril de 2025 sin que se presentaran recursos legales por parte de la exconcejal.

Serrano reafirmó que el Comité actuó de manera riguroso y diligente, tratando de recopilar la información necesaria, y finalmente cerrando el caso al no encontrarse pruebas que respaldaran las acusaciones. Adicionalmente, Serrano manifestó su apoyo al alcalde de Móstoles y anunció que se explorarán posibles acciones legales contra la exconcejal por presunta mala fe en sus acusaciones contra el partido.