En una jugada política que promete generar debate, el Partido Popular (PP) ha anunciado su intención de llevar al Congreso una proposición la próxima semana para reivindicar la centralidad de la política migratoria bajo control estatal. Este movimiento busca instar al Gobierno a reforzar su papel en la gestión de los flujos migratorios y el resguardo de las fronteras, tanto marítimas como terrestres.

De acuerdo a información obtenida por Europa Press, el PP utilizará la sesión plenaria para criticar el reciente acuerdo entre el PSOE y Junts que delega competencias relacionadas con la inmigración a la administración de Cataluña. La propuesta de ley que estos partidos han registrado representa un giro significativo en la gestión migratoria autonómica, algo que el PP se propone desafiar con su iniciativa.

Una semana después de la presentación de dicha proposición por parte de los socialistas y sus socios de Junts, el PP busca forzar una votación que pida al Gobierno revertir esta nueva delegación de poderes. En este sentido, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo argumentará a favor de que se respete la legislación vigente en materia de extranjería, así como lo estipulado en el artículo 149.2 de la Constitución Española, donde se establecen las competencias exclusivas del Estado en esta área.

La propuesta del PP incluye la declaración de ciertas competencias como "indelebibles", significando que no pueden ser transferidas a entidades autonómicas o locales. Entre estas competencias se encuentran el control sobre los permisos de trabajo y residencia, las solicitudes de asilo y la gestión de los puntos fronterizos, todos considerados elementos esenciales de la política migratoria y la seguridad nacional.

Además, el PP buscará que el Congreso mandate al Gobierno no solo a controlar y organizar los flujos migratorios, sino también a operar las fronteras en todo el territorio nacional, asegurando que se respeten las funciones del Estado en cuanto a la seguridad. Enfatizan que este enfoque no solo es una cuestión de legalidad, sino también de protección de las infraestructuras críticas y de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos españoles.