Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas asumen la presidencia de las Salas Segunda y Tercera del Tribunal Supremo tras la retirada de Ana Ferrer y Pilar Teso, dos magistradas que habían sido consideradas como competidoras en el proceso de elección. Este cambio se produce en un contexto donde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) busca despejar la congestión en las designaciones de liderazgo clave en el sistema judicial español.

El CGPJ ratificó este miércoles las candidaturas de Martínez Arrieta y Lucas, quienes ya ocupaban sus puestos de manera interina. Según informaron fuentes autorizadas a Europa Press, Martínez Arrieta obtuvo 15 votos a favor para liderar la Sala Segunda, mientras que Lucas recibió el apoyo de 16 vocales para asumir la sala contencioso-administrativa.

Aunque ambos magistrados recibieron un respaldo notable, no todos los miembros de tendencia progresista se unieron a esta elección, ya que algunos expresaron sus disidencias mediante votos particulares. Este escenario refleja la complicada dinámica del CGPJ, donde las divisiones ideológicas pueden influir en decisiones tan críticas.

La controversia sobre estas nombramientos se remonta a octubre pasado, cuando el CGPJ abrió la convocatoria para cubrir las dos presidencias vacantes, junto a otras como las de las salas Civil y Social. En un movimiento estratégico posterior, se separaron estas dos últimas posiciones, logrando designar a Ignacio Sancho, candidato del sector conservador, para la Sala Primera, y a Concepción Ureste del bloque progresista en la Sala Cuarta, eliminando así a Juan Molins, otro candidato conservador.

Con el tiempo, el CGPJ intentó avanzar en estas designaciones, que son cruciales dada la responsabilidad de la Sala de lo Penal en los procesos judiciales que involucran a funcionarios de alto rango, incluidos miembros del Gobierno. Igualmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo juega un papel esencial al supervisar la legalidad de las acciones del Ejecutivo.

En mayo, Isabel Perelló, presidenta del TS y del CGPJ, envió la propuesta de nombramientos de vuelta a la Comisión de Calificación tras una votación que culminó en empate, lo que demuestra los profundos desacuerdos sobre el liderazgo en el Tribunal Supremo. La falta de consenso se hacía evidente y los intentos por resolver la situación parecían estancarse.

Ante la nueva realidad de bloqueo, Ferrer y Teso decidieron, el pasado jueves, retirar sus candidaturas para evitar una situación de inestabilidad prolongada en la presidencia de las Salas Segunda y Tercera. Ambas magistradas argumentaron que, ante la incapacidad del CGPJ para alcanzar un acuerdo, renunciar a sus candidaturas era un acto de responsabilidad en atención al interés del servicio público.

Ferrer enfatizó que "ninguna de las salas" merecía seguir trabajando bajo una dirección interina y subrayó cómo los vetos ideológicos podrían afectar la confianza del público en la integridad del sistema judicial. Por su parte, Teso compartió preocupaciones similares acerca del impacto negativo que la falta de consenso pudiera tener en la función institucional de la Sala Tercera.

La postura del bloque progresista defendía que Ferrer y Teso eran las mejores candidatas para liderar sus respectivas salas, pues poseían un plan de gobierno sólido y una mayor capacidad de cumplir con el mandato completo. En contraste, los vocales conservadores argumentaban a favor de la experiencia y el prestigio de Martínez Arrieta y Lucas, quienes ya ocupaban sus cargos desde finales de 2022, tras la salida de sus predecesores.

Finalmente, el camino quedó despejado para que Martínez Arrieta y Lucas asumieran sus posiciones, respaldados incluso por sus ex competidoras. Ferrer brindó su apoyo a Martínez Arrieta, mientras que Teso confió en que Lucas podrá desempeñarse adecuadamente en su nuevo rol. Esta decisión refleja el delicado equilibrio de fuerzas en el seno del CGPJ y las complejidades del sistema judicial español.