VALÈNCIA, 22 de julio.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se imponga una pena de cuatro años de prisión a Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Este procedimiento se deriva de la presunta práctica de falsedad documental y estafa en el proceso de obtención de subvenciones destinadas a empresas de comunicación. Su socio, Juan Enrique Adell Bover, enfrenta una solicitud de tres años de cárcel por su supuesta implicación.

La acusación, presentada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València, ha sido anticipada por Las Provincias y revisada por Europa Press.

Según la Fiscalía, la condena propuesta para Francis Puig incluye cuatro años de prisión y una multa de diez meses, calculada a razón de 20 euros diarios, además de una inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En caso de que no pague la multa, se le podría imponer una responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses.

En cuanto a Adell Bover, se le acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con otro de estafa agravada por cooperación necesaria. Por ello, la Fiscalía demanda una pena de tres años de prisión y también una multa de diez meses a 20 euros diarios.

En enero pasado, el Juzgado de Instrucción 4 de València decidió abrir proceso judicial contra Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover, administradores de las empresas Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente. La investigación se centra en subvenciones públicas otorgadas para promover el uso del valenciano en los medios de comunicación entre 2015 y 2018.

El juez, tras concluir la fase de instrucción, considera que hay suficientes indicios para suponer que los acusados cometieron delitos de estafa y falsedad documental. Sin embargo, ha descartado el delito de fraude en las subvenciones, ya que la cantidad supuestamente obtenida de manera irregular (alrededor de 67.500 euros) no supera el umbral de 120.000 euros requerido para esta acusación según la normativa vigente en aquel momento.

El auto de incoación de procedimiento señala que las acciones de los investigados son significativas, tanto en términos cuantitativos como en los métodos empleados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios y actividades sin relación aparente con las subvenciones que recibieron, lo que resultó en un enriquecimiento indebido para las empresas gestionadas por Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover.

La resolución judicial aporta pruebas que sugieren el uso de métodos fraudulentos por parte de los investigados, como facturas falsas y actividades no relacionadas con las subvenciones obtenidas.

Los fondos en cuestión fueron concedidos por la Generalitat valenciana y la Generalitat de Catalunya. Mientras que la primera se enfocó en la promoción y protección del valenciano, la segunda otorgó subvenciones estructurales para servicios en lengua catalana o aranesa.