Un nuevo capítulo en la investigación del 'Caso Montoro' revela sospechas serias sobre la posible ocultación de beneficios por parte del exministro, Cristóbal Montoro, tras la venta de sus participaciones en la firma de consultoría Equipo Económico. Según un informe de la Agencia Tributaria, se ha comenzado a desvelar una presunta red de "empresas instrumentales" que podrían haber sido utilizadas para eludir la transparencia fiscal.

Las alarmas se encendieron cuando los investigadores descubrieron que estas sociedades estaban alineadas con intereses políticos, lo que generó la inquietud de que algunos fondos derivados de estos supuestos manejos podrían no haber permanecido dentro de las fronteras de España. El documento, que data de diciembre de 2023, detalla cómo las pesquisas iniciadas en 2018 han llevado a imputaciones que involucran a más de 30 personas, incluyendo al mismo Montoro, en un entramado que favorecía a ciertas empresas, principalmente del sector gasístico.

El informe señala el origen de Equipo Económico, creado en 2006 bajo el nombre de Montoro y Asociados, el cual fue renombrado tras un cambio en su estructura dos años después. Con un capital inicial de 60.000 euros y una distribución de participaciones, Montoro se convirtió en socio mayoritario, incrementando su participación al 38% mediante la compra de acciones de un compañero. Sin embargo, esta rápida transacción dio pie a las sospechas de Hacienda, ya que en su declaración de IRPF de 2007 no se menciona la venta de ninguna participación.

En abril de 2008, Montoro realizó una nueva transacción, vendiendo más participaciones a altos funcionarios políticos, lo que la Agencia Tributaria ha encontrado preocupante, especialmente dado que no se reflejó en sus obligaciones fiscales a pesar de que, en un análisis posterior, el valor de las acciones se estima considerablemente superior a lo declarado inicialmente.

Hacienda descubrió que, en un proceso de verificación relacionado con su hermano, las cifras indicaban que el precio real por participación podría haber sido de 226,96 euros, en contraste con el valor nominal de 10 euros que Montoro había declarado. Este desajuste obliga a replantear la verdadera naturaleza de las transacciones y su congruencia con la ley fiscal.

Adicionalmente, un informe de 2019 de los Mossos d'Esquadra complementó estas inquietudes al señalar que las participaciones de EE habían sido vendidas a precios nominales, lo que sugiere que los socios estaban gestionando participaciones no de forma legítima, sino bajo un mecanismo altamente cuestionable.

A los investigadores les ha llamado la atención cómo el esquema ideado para el manejo de estas operaciones podría haber buscado disimular la naturaleza ilícita de los ingresos, facturando mediante sociedades interpuestas y distribuyendo retribuciones desproporcionadas entre los socios. La Policía catalana advierte que, desde 2015, comenzó una notoria disminución en los ingresos de estas empresas, coincidiendo con la aparición de denuncias públicas, lo que podría haber motivado el desmantelamiento de la estructura original para evitar el escrutinio.

Para aumentar la complejidad de la situación, se ha investigado si algunos de estos flujos de dinero podrían haber sido dirigidos fuera de España, con posibles destinos en Europa, Estados Unidos y América Latina. Los informes sugieren que las transferencias podrían relacionarse con comisiones por intermediaciones dentro del Gobierno, lo que plantea serias dudas sobre la ética y la legalidad de los procedimientos de estos exfuncionarios.

Finalmente, la Agencia Tributaria ha señalado que se están estudiando más a fondo las relaciones comerciales de los socios de Equipo Económico, a la vez que se destaca la inquietante desconexión de Montoro con la contabilidad de la empresa, un hecho que resulta sospechoso dado su alto perfil dentro de la misma. Este caso continúa desarrollándose y promete ser un tema candente en la esfera política y judicial española.