Los Mossos d'Esquadra han revelado que una empresa vinculada a la Asociación Española del Sector del Papel y del Cartón (ASPAPEL) realizó un pago cercano a los 116.000 euros a Equipo Económico, una consultoría influenciada por figuras políticas destacadas.

En el contexto del 'caso Montoro', se han desenterrado correos electrónicos de octubre de 2013 que involucran al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Industria y a ASPAPEL. Estos mensajes indican que Francisco Granados, exsenador del Partido Popular actualmente condenado por corrupción, estaba "pendiente de instrucciones" para asegurar el apoyo del partido a la inclusión del sector papelero en la exención del impuesto sobre la electricidad.

Los correos, obtenidos por los Mossos y compartidos con el juez del caso, revelan cómo el exsenador se mantenía informado sobre la situación del sector. En un mensaje del 7 de octubre, Luis Valero, líder de la Secretaría del Industria y la PYME, se dirigía a Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda, para recordar que el sector papelero había presentado una enmienda planteada por el grupo socialista que buscaba incluir sus productos en la bonificación del impuesto eléctrico.

Valero mencionó que la enmienda tenía problemas de viabilidad y que hubiera un sentido de discriminación si no se aprobaba, dado que el sector papelero podría quedar excluido de un beneficio que otros sectores industriales también disfrutaban. Subrayó que Granados estaba al tanto y a la espera de noticias del Ministerio de Hacienda.

Un segundo correo se envió el 8 de octubre, donde Carlos Reinoso, director general de ASPAPEL, agradecía a Ferre los esfuerzos para incluir al sector en las exenciones fiscales. Reinoso argumentaba que, aunque existía una base legal para la exención por parte de la Directiva Europea, era prioritario añadir un salvaguarda a la enmienda para asegurar su legalidad ante la Unión Europea, dado que la votación se llevaría a cabo al día siguiente.

Los Mossos destacaron que, a pesar de la presión por parte de ASPAPEL, la propuesta de exención fue finalmente desestimada en la Ley 16/2013, aunque más tarde se incluyó en la Ley 28/2014, lo que hizo que los investigadores se cuestionaran el papel que CIU tuvo en introducir dicha modificación.

En la investigación, se ha evidenciado que Ence Energía y Celulosa, una compañía asociada a ASPAPEL, transfirió una significativa suma a Equipo Económico en 2013, lo que añade una capa más de complejidad a un caso que ya ha llevado a más de una treintena de imputaciones, incluido el propio exministro Montoro.

El 'caso Montoro' ha puesto en el centro de la polémica las relaciones entre el poder político y los intereses empresariales, especialmente en lo que respecta a las leyes que favorecieron a sectores específicos, como el gasístico, a costa de una manipulación que está siendo analizada desde 2018.