MADRID, 16 de octubre. En una jugada que marca un nuevo capítulo en la dinámica política española, el Partido Popular (PP) planea utilizar su mayoría absoluta en el Senado para desencadenar un nuevo enfrentamiento institucional con el Congreso y el Gobierno la próxima semana. Esta estrategia busca forzar al Ministerio de Hacienda a presentar de manera inmediata el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondiente al 2026.

Documentos a los que ha accedido Europa Press revelan que el orden del día del Pleno del Senado incluirá la propuesta del PP, lo que dará lugar a un conflicto que podría tensar aún más las relaciones entre las diversas instituciones del Estado, particularmente en lo que respecta a los presupuestos del siguiente año.

Este sería el séptimo enfrentamiento institucional que el PP ha promovido en el Senado durante esta legislatura, un hecho insólito si se considera que antes de este periodo no había habido precedentes de choques similares entre las Cámaras. La tendencia al enfrentamiento parece estar marcando la pauta en el trabajo legislativo actual.

Con el actual procedimiento de conflicto institucional, la mayoría del PP en la Cámara Alta asegura que su propuesta será aprobada fácilmente. Una vez materializado, será enviado al Congreso de los Diputados y al Gobierno para su consideración, lo que iniciará un plazo de un mes para que ambas entidades respondan. No obstante, tienen la opción de no contestar, dejándolo en un limbo administrativo, o bien enviar una respuesta negativa, en cuyo caso el Senado decidirá si llevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional.

En el documento presentado, el PP argumenta que el Senado "no puede aceptar ni tolerar el incumplimiento" de la obligación constitucional que recae en el Gobierno de presentar un presupuesto. Con este marco argumental, el partido se sitúa firmemente en la defensa de la legalidad presupuestaria y la responsabilidad del Ejecutivo.

Además, el PP ha denunciado la "práctica fraudulenta" de realizar modificaciones presupuestarias sin el visto bueno del Parlamento, algo que consideran un incumplimiento grave de los principios que rigen la legalidad en materia presupuestaria. Esta preocupación se intensifica ante la posibilidad de que el Gobierno mantenga los presupuestos prorrogados de 2023, creando una situación reminiscentemente similar a la crisis de 2020, en la que se mantuvieron los presupuestos de 2018 debido a la pandemia.

Al respecto, el PP sostiene que no hay justificación válida para la falta de presentación de los nuevos presupuestos, apuntando que los únicos motivos pueden ser la incapacidad del Gobierno para alcanzar un consenso con otras fuerzas parlamentarias que garanticen la aprobación. Así, el partido rechaza la idea de que razones políticas puedan ser usadas como pretexto para el incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Ejecutivo, lo que a su juicio, obstruye el correcto funcionamiento de las Cortes Generales, en particular del Senado en su rol presupuestario.