24h España.

24h España.

El PP recusará a magistrados en caso de los ERE ante el TC.

El PP recusará a magistrados en caso de los ERE ante el TC.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha anunciado la intención de su partido de pedir la abstención de tres magistrados del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE. Estos magistrados son Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, quien preside el tribunal de garantías. Además, no descartan ampliar esta petición y que se aparten otros dos magistrados, Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano.

En una rueda de prensa en el Congreso, Bendodo ha afirmado que el Constitucional no debe convertirse en un órgano de relectura o de revisión de las sentencias dictadas previamente. Destacó que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, ratificaron las condenas por prevaricación y malversación en el caso de los ERE.

El dirigente del PP aseguró que el caso de los ERE es el mayor escándalo de corrupción en la historia de España, con más de 700 millones de euros destinados a otras cuestiones en lugar de beneficiar a los desempleados andaluces. Señaló que hasta 70 familiares y personas vinculadas al Partido Socialista se vieron beneficiadas de ayudas ilegales o prejubilaciones falsas.

El PP pedirá la abstención de tres magistrados del TC para garantizar la imparcialidad en el caso de los ERE, recordando el caso en el que Cándido Conde-Pumpido se abstuvo cuando era magistrado del Tribunal Supremo debido a una causa de incompatibilidad. ¿Por qué no hacer lo mismo ahora?, se preguntó Bendodo.

En relación a los otros magistrados, Bendodo mencionó que Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer tienen precedentes relacionados con el caso de los ERE, participando en sentencias previas. Además, planteó la posible implicación de Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano en el caso y la necesidad de que se aparten del mismo.

El objetivo del PP es garantizar la transparencia y la imparcialidad en el caso de los ERE, evitando cualquier conflicto de intereses que pueda comprometer la justicia y el correcto funcionamiento del Tribunal Constitucional.