En Madrid, el debate político ha vuelto a centrar su atención en la cuestión de la violencia de género, después de que el Partido Popular (PP) solicitara la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Esta petición fue motivada por lo que el PP considera un "silencio" por parte de la ministra ante los fallos en el sistema de pulseras telemáticas diseñadas para monitorizar a los maltratadores. Desde el PSOE y sus aliados, se ha criticado al PP por aprovechar la situación de las víctimas para obtener rédito político.

Durante la sesión en el Senado, la senadora María Emma Buj, en nombre del PP, advirtió que la reprobación de Redondo no se basa solo en los problemas técnicos del sistema, sino en lo que describió como una falta de transparencia y actuación. Buj instó a una auditoría independiente para examinar las fallas del sistema, sugiriendo una falta de responsabilidad por parte del Ministerio de Igualdad.

La defensora de la moción afirmó que el silencio de la ministra y su aparente inacción la hacen cómplice de la situación que enfrentan las víctimas. En este sentido, enfatizó que se debe priorizar la celeridad en la toma de decisiones y la transparencia, elementos que consideró esenciales en la gestión de cualquier política pública relacionada con la protección de las víctimas de violencia machista.

A la vez, la senadora del PSOE, María del Carmen Silva, hizo un firme llamado a no politizar el dolor de las víctimas y cuestionó las verdaderas intenciones del PP. Silva denunció que el partido está utilizando el sufrimiento de las víctimas como arma política en lugar de buscar soluciones efectivas y unitarias frente a la violencia machista, que requiere un esfuerzo colectivo más allá de las rivalidades partidistas.

Además, varias voces de otros partidos también ofrecieron sus perspectivas. Paloma Gómez, de Vox, criticó al Ministerio de Igualdad por su gestión económica y resumió su labor como ineficaz, argumentando que el departamento se centra en cuestiones ideológicas a expensas de la protección real de las víctimas.

Por su parte, representantes de Junts y el BNG también alzaron la voz al señalar que el PP se limita a criticar sin ofrecer soluciones, optando más por el espectáculo político que por un enfoque constructivo. Además, exigieron un compromiso real para mejorar la situación de las víctimas, proponiendo auditorías y reformas en el sistema.

Finalmente, tanto el PNV como UPN se unieron a las críticas hacia el PP, señalando que la utilización de la violencia de género a favor de intereses partidistas no hace más que minar la lucha por derechos fundamentales. Carla Antonelli, de Más Madrid, cerró el debate con una somera reflexión sobre la desconexión del PP con los valores del feminismo, subrayando que los intentos de reprobación no hacen más que avergonzar a quienes realmente están comprometidos con la causa.