En Madrid, el pasado 9 de agosto, el Partido Popular (PP) ha hecho oficial su pedido al Tribunal de Cuentas para elaborar un informe exhaustivo sobre todos los contratos suscritos por el Gobierno con la empresa china Huawei en un lapso de cinco años.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, ha expresado su preocupación por la adjudicación de contratos a empresas como Huawei y Hikvision, los cuales involucran servicios considerados "sensibles". Estos contratos abarcan desde interceptaciones judiciales hasta la supervisión de infraestructuras críticas, incluyendo las cámaras en la frontera sur de Europa, en regiones como Ceuta y Melilla. Bravo ha señalado que estas prácticas generan serias inquietudes acerca de la seguridad nacional por riesgo de espionaje.

El PP también ha solicitado la comparecencia de varios ministros del Gobierno para que puedan ofrecer una clarificación sobre este tema. En concreto, han pedido que comparezcan José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa). Asimismo, requieren la presencia del principal responsable de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda para que explique los pormenores de estos contratos.

Bravo ha enfatizado que las acciones del presidente Sánchez y su Administración están comprometiendo no solo la seguridad nacional, sino también la de los aliados europeos y estadounidenses. Pidió con urgencia que se aclare la magnitud de los riesgos asumidos y los intereses detrás de estas decisiones gubernamentales.

Por otro lado, ha resaltado una Proposición de Ley presentada por el PP en el Senado que busca que el sistema alimentario sea considerado estratégico para la economía del país. Según Bravo, “nuestros agricultores, ganaderos y el sector pesquero necesitan apoyo en tiempos difíciles, especialmente ante la presión de aranceles internacionales”.

El objetivo de esta propuesta es garantizar el suministro y la seguridad alimentaria, especialmente en momentos de crisis, y proporcionar las herramientas necesarias para asegurar la sostenibilidad económica de los agronegocios en el país.

En una crítica más amplia, Bravo ha condenado los intentos del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de desviar la atención sobre la financiación de movimientos separatistas abordando temas como el "dumping" fiscal. Según él, estos son intentos de eludir lo verdaderamente relevante: la situación fiscal crítica que enfrentan los ciudadanos españoles.

Comparando los años 2024 y 2018, Bravo ha argumentado que los españoles han pagado 140.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones sociales. En los primeros seis meses del año, la Agencia Tributaria reporta un incremento de otros 18.000 millones. Si la tendencia continúa, para 2025, se estima que el incremento alcanzará los 170.000 millones en comparación con 2018.

Esto implica una merma en el poder adquisitivo, afectando especialmente a las clases medias y a los segmentos de ingresos más bajos, quienes enfrentan mayores dificultades para cubrir necesidades básicas, así como para disfrutar de ocio como unas vacaciones. Bravo concluyó que es esencial impulsar medidas que mejoren el poder adquisitivo de los españoles y realizar una reforma para reducir la carga fiscal que enfrentan.