En una reciente declaración ante la Audiencia Nacional, Francisco Javier Cillán, vinculado al presunto fraude del IVA en el sector de hidrocarburos a través de la empresa Villafuel, ha defendido su rol como un simple administrativo que se limitaba a seguir órdenes de sus superiores. Cillán enfatizó que no es el autor intelectual de esta operación, cuya magnitud ha sido estimada en más de 231 millones de euros, realizada entre 2021 y 2024.

Durante su comparecencia, el acusado también subrayó su relación laboral con María Luisa Rivas y Pedro Antonio Marín, identificando a la primera como una de las líderes del esquema delictivo. A pesar de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo describe como el responsable de operaciones en Villafuel, Cillán rechazó esta caracterización, sosteniendo que su labor se limitaba a labores administrativas y que estaba bajo la dirección de Rivas y Marín.

Cillán hizo hincapié en que solo actuaba de acuerdo con las instrucciones que recibía y que cualquier orden que pudiera haber impartido a otros implicados en la investigación se originaba en la dirección de la supuesta trama. Este testimonio se produce en un contexto donde la Guardia Civil ha rastreado la estructura del fraude, en el que él es visto como una pieza clave, aunque a su juicio, en un rol menos central de lo que las acusaciones sugieren.

Originalmente, se esperaba que Marín también compareciera ante el juez este mismo día, pero se programó una nueva fecha para el 12 de marzo debido a conflictos en la agenda de su defensa legal.

La declaración de Cillán marca el inicio de las testimoniales en este caso, que continuará con la declaración de Félix Aparicio y Oriana Elisett. Aparicio es supuesto administrador de Salamanca Fuel Center y se presume que fue integrado en esta operación por el investigado Luis Alberto Escolano, quien aparentemente se dirigió a él en un mensaje afirmando querer unirse a su “familia”. Por su parte, Elisett está identificada en la investigación como administradora de Canary Island Fuel Company y es descrita por la Guardia Civil como involucrada en funciones de testaferro, manipulando la administración real de la empresa para proteger a los cabecillas del esquema delictivo.