El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido de manera unánime no apartar a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ni a cuatro magistrados progresistas del debate sobre una apelación interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Esta asociación había solicitado la recusación en relación a la proposición de ley de amnistía y la inminente investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Este viernes, el TC anunció que ha inadmitido la solicitud de la asociación, que pretendía descalificar a Conde-Pumpido y a magistrados como Ramón Sáez, Juan Carlos Campo, María Luisa Balaguer y Laura Díez. La corte de garantías argumentó que las razones presentadas carecen de fundamento y se basan en meras suposiciones generales sobre las trayectorias profesionales de los magistrados.

La recusación de la asociación se centraba en acusaciones de "enemistad ideológica" hacia los miembros del tribunal y alegaciones sobre supuestos "intereses directos o indirectos" en el caso. Estos puntos son parte de las causalidades que pueden ser utilizadas para justificar una recusación según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

No obstante, el TC desestimó esos argumentos, señalando que puede rechazar recusaciones cuando las alegaciones son infundadas. La institución consideró que la recusación contra todos los magistrados constituye un intento que podría paralizar inaceptablemente el trabajo del tribunal, lo que justifica su decisión de inadmitirla.

Finalmente, el Pleno del TC reafirmó que el incidente de recusación carece de sustento y no tiene posibilidades de éxito, subrayando que se trata de un uso abusivo de las normas procesales que busca obstaculizar el correcto funcionamiento de la jurisdicción constitucional.