Alberto González Amador, quien es conocido por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido llevar a cabo acciones legales contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamando la suma de 40.000 euros. Esta demanda está centrada en las declaraciones que hizo la ministra sobre las investigaciones penales que le están siguiendo.

El Tribunal Supremo ha convocado para este jueves una audiencia previa donde se discutirá el caso presentado por González Amador. Según informan fuentes del ámbito legal, no es necesario que tanto el demandante como la ministra estén presentes, ya que sus abogados pueden representarles. En el caso de Montero, la Abogacía del Estado asumirá su defensa. Esta audiencia se celebrará de manera pública y podría dar paso a la sentencia sin necesidad de llegar a un juicio, dependiendo de cómo se desarrolle la situación.

La audiencia se producirá tras un intento previo de conciliación que tuvo lugar el 2 de octubre pasado y que fracasó. En esa ocasión, ni Montero ni sus representantes legales se presentaron, lo que llevó a que no se pudiera alcanzar un acuerdo en el que la ministra pudiera retractarse de sus declaraciones.

La base de la demanda de González Amador radica en la defensa de su honor, argumentando que las afirmaciones realizadas por la ministra en una sesión de control al Gobierno en el Senado el 12 de marzo de 2024 fueron dañinas y sin fundamento. En su intervención, Montero cuestionó a Díaz Ayuso sobre la financiación de su vivienda, sugiriendo que estaba relacionada con acciones irregulares durante la crisis sanitaria.

Además, la ministra expresó su preocupación al observar que tanto el hermano de Díaz Ayuso como su pareja están presuntamente implicados en casos de fraude. Montero instó a la presidenta madrileña a que diera explicaciones sobre estas acusaciones en lugar de mantener silencio. Esa interpelación coincidió con la revelación de un informe de la Fiscalía acerca de un presunto fraude fiscal vinculado a González Amador que está siendo investigado por un juzgado en Madrid.

Por su parte, fuentes legales han señalado que el Ministerio Público se opone a que el Tribunal Supremo dé la razón a González Amador, recordando que Montero tiene la condición de aforada en este tribunal, lo que añade una capa adicional de complejidad al caso.