El Tribunal Supremo ha tomado una decisión que marca un hito en la controversia en torno a la presunta trama de corrupción que involucra a figuras destacadas del PSOE, entre ellas el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El magistrado Leopoldo Puente ha determinado que el Gobierno de Navarra, liderado por María Chivite, no puede considerarse como víctima en este caso, lo que limita su opción de presentarse como acusación.

En una reciente providencia emitida, Puente argumenta que el escrito presentado por el gobierno autonómico es profundamente insuficiente. El magistrado señala que el documento no especifica ninguna acción concreta ni las figuras delictivas que justificarían su estatus de perjudicado dentro de esta investigación, que examina el supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos.

El pasado viernes, el Gobierno de Navarra decidió convocar una sesión extraordinaria con el fin de manifestar su intención de actuar como acusación en el proceso judicial que investiga estas alegaciones. Este giro surge tras la divulgación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sugiere que la red corrupta, conformada por Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también operó en el territorio navarro.

Las indagaciones revelan que Cerdán podría haber sido el iniciador de un esquema de comisiones ilegales a cambio de contratos de obra pública desde 2015, justo en el momento en que él y Koldo comenzaban a afianzarse en sus carreras políticas. Este entramado crecería en paralelo a su avance en la administración pública, alcanzando su centro neurálgico en el Ministerio de Transportes.

El informe de la UCO se basa en grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023, las cuales revelan la dinámica cambiante entre estos tres personajes. Inicialmente, Cerdán lideraba la operativa, pero la situación dio un giro con la llegada de Koldo y Ábalos al ministerio, quienes, en un giro irónico, terminarían persiguiendo a Cerdán en busca de liquidez financiera.

La investigación también apunta a que las empresas Acciona, OPR y LIC están implicadas en la adjudicación de contratos públicos. Las estimaciones indican que las comisiones que habrían recibido de Acciona podrían ascender a 620.000 euros, aunque a la organización se le adeudarían cerca de 450.000 euros. Cerdán, en una declaración desafiante, afirmó: “Voy a ir a por todo”.

En otra dimensión de la investigación, se descubrió un documento durante un registro en el hogar del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, el 10 de junio, que evidencia la participación de Cerdán en la empresa Servinabar, poseyendo el 45% de sus acciones. Servinabar ha sido identificada como clave en la red de amaños de contratos, con un total de adjudicaciones que superan los 75 millones de euros provenientes del Gobierno de Navarra.

Este escándalo también ha tenido repercusiones políticas significativas. El pasado miércoles, Ramón Alzórriz anunció su dimisión como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra en medio de las investigaciones de la UCO. En una rueda de prensa, reveló que su pareja había trabajado en Servinabar, empresa que se encuentra bajo el ojo crítico de los investigadores y de la que, según informes recientes, Cerdán es propietario mayoritario.