El viernes, el Tribunal de Cuentas examinará los gastos del 1-O y la acción exterior de Puigdemont y 34 exmiembros del Govern.
El próximo viernes, el Tribunal de Cuentas (TCu) llevará a cabo el juicio contra Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña y líder de Junts, Oriol Junqueras, ex "número dos" de la Generalitat y actual líder de ERC, y otros 33 exfuncionarios del Govern por supuestamente desviar fondos para financiar el referéndum del 1-O y las actividades relacionadas con el "procés".
Según fuentes del órgano fiscalizador consultadas por Europa Press, la vista está programada para las 11:00 del 17 de noviembre y contará con la declaración de tres testigos, incluido el propio Puigdemont. Se espera que ese mismo día se dicte sentencia, ya que se espera que el juicio dure solo un día y que las conclusiones se presenten por escrito.
Hasta ahora, la celebración del juicio estaba en duda debido a las solicitudes de Puigdemont y sus exconsejeros Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí de suspenderlo. Ellos argumentaban que no se podría juzgar su presunta responsabilidad contable sin una resolución penal firme, pero el Tribunal Supremo aún no ha concluido las investigaciones debido a que los acusados permanecen huidos. Sin embargo, el pasado viernes, la solicitud de suspensión fue desestimada por la consejera.
En este caso, la Fiscalía reclama conjuntamente a los 35 acusados un total de 3,1 millones de euros, después de reducir las estimaciones iniciales del Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de alrededor de 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 exfuncionarios del Govern. Para evitar embargos, los acusados ya han aportado una fianza.
Entre los acusados, además de Puigdemont y Junqueras, se encuentra Artur Mas, expresidente de Cataluña, quien ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver más de 4,9 millones de euros por la organización de la consulta independentista de 2014. También están en la lista exfuncionarios condenados por el Tribunal Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull, así como exfuncionarios huidos y delegados en el extranjero.
En relación con los gastos del 1-O, la Fiscalía incluyó en su demanda los gastos realizados por los acusados y las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero, así como las actividades del "Diplocat". En caso de que se apruebe una futura ley de amnistía para el independentismo catalán, el Tribunal de Cuentas podría presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para evaluar su legalidad. Sin embargo, todavía no hay certeza sobre este asunto y será necesario esperar a que la ley se apruebe y entre en vigor para analizar su contenido y su impacto en el caso.