Un giro escandaloso ha sacudido el ámbito de las inversiones en criptomonedas en España, tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, de procesar a Álvaro Romillo, un empresario vinculado al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. Romillo es señalado como el supuesto líder de una compleja red que presuntamente orquestó una estafa piramidal a través de la plataforma Madeira Invest Club (MIC), recaudando alrededor de 185 millones de euros de más de 3.000 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

El juez ha dictado un auto en el que no solo se procesa a Romillo, sino a otras nueve personas implicadas en este entramado delictivo, imponiendo una fianza solidaria que supera los 247 millones de euros. La magnitud de la estafa es alarmante, afectando a un total de 3.062 víctimas que confiaron en las promesas de rentabilidades elevadas ofrecidas por la plataforma.

El pasado 7 de noviembre, la situación de Romillo se tornó aún más grave cuando el juez decidió enviarlo a prisión sin posibilidad de fianza, tras considerar que existía un alto riesgo de fuga. Esta medida fue ratificada por la Sala de lo Penal en diciembre, lo que mantiene al empresario tras las rejas mientras avanza la investigación.

El juez Calama ha catalogado las acciones de Romillo como delitos a gran escala de estafa y organización criminal, y ha decidido abrir una pieza separada para investigar un posible delito de blanqueo de capitales. Según la resolución, Romillo, conocido en ciertos círculos como 'Cryptospain', diseñó y lideró una organización criminal con un funcionamiento jerárquico, que contaba con roles específicos para cada miembro en la captación de fondos y el manejo de la plataforma digital utilizada para perpetuar el fraude.

De acuerdo con las acusaciones, la supuesta organización utilizaba el portal digital Madeirainvest.com para atraer a potenciales inversores, ofreciendo productos financieros falsos que prometían altos rendimientos. Los inversores, atraídos por la fachada de legalidad y seguridad, acabaron depositando su dinero en cuentas controladas por Romillo y su equipo, quienes desviaron los fondos sin que se llevara a cabo una verdadera actividad de inversión.

Romillo tenía un control absoluto sobre las operaciones, asegurando la captación de fondos y manipulando la información proporcionada a los inversores. Su estrategia de marketing incluía el uso de redes sociales como TikTok y YouTube, además de eventos promocionales con la presencia de figuras destacadas, como el mismo Pérez, para incrementar la credibilidad de la plataforma.

La investigación revela que el plan de Romillo era un clásico esquema piramidal en el que los fondos recaudados no se destinaban a las inversiones prometidas, sino que eran rápidamente redirigidos a otras empresas diseñadas para distraer los capitales. Esto confirma la naturaleza engañosa y captadora de su comportamiento desde el inicio.

En cuanto a la organización criminal, el juez ha concluido que existe una estructura bien definida que rodea a Romillo, quien lidera operaciones con la intención de acumular grandes sumas de dinero bajo la promesa de rentabilidad exagerada.

Por otro lado, el juzgado también inicia una pesquisa sobre el desvío de los fondos defraudados y su blanqueo, dado que esta parte del caso está en sus primeras etapas y requerirá medidas más complejas, incluyendo comisiones rogatorias y órdenes de investigación a nivel europeo.

La resolución también destaca el elaborado entramado societario creado por Romillo, que incluye 52 sociedades y más de 100 cuentas bancarias, así como propiedades y embarcaciones distribuidas en al menos 15 jurisdicciones, abarcando desde la República Dominicana hasta Singapur, Hong Kong, Tailandia y Malta.