En un contexto que continúa generando inquietud, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha expresado su descontento ante la casi "inexistente" posibilidad de concertar citas para formalizar solicitudes de asilo en España, así como por los prolongados períodos de espera que enfrentan los solicitantes.

Durante el año 2024, España se consolidó como el segundo país de la Unión Europea en recibir solicitudes de asilo, con un total de 167,366 peticiones. Sin embargo, su tasa de aceptación sigue siendo alarmantemente baja, con solo un 18.5% de las solicitudes resueltas favorablemente, un número que se encuentra a casi 30 puntos por debajo del promedio europeo, que es de un 46.6%.

El informe anual de CEAR revela que el año pasado marcó un incremento del 2.5% en el número de solicitudes en comparación con 2023, alcanzando cifras récord desde que se tienen registros. A nivel global, el desplazamiento forzado ha crecido, alcanzando la increíble suma de 122.6 millones de personas, conforme a datos del ACNUR.

España, tras Alemania, se posiciona nuevamente en el segundo lugar de la UE en cuanto a peticiones de asilo, con Venezuela y Colombia liderando las solicitudes, mientras que Mali se sitúa como la tercera nacionalidad más solicitante. Las comunidades autónomas con más casos fueron Madrid, Andalucía y Cataluña, aunque se observó una ligera disminución en Canarias, a la vez que Ceuta casi duplicó sus solicitudes.

La mayoría de las solicitudes se realizaron directamente en suelo español, representando un 94%, aunque se notó un leve aumento en las presentadas en puestos fronterizos y embajadas en el extranjero. El perfil del solicitante ha vuelto a ser predominantemente masculino y joven, a diferencia del período reciente, donde los grupos familiares extensos marcaron la pauta.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los países que recibió una gran cantidad de solicitudes, España se encuentra entre los que menos protecciones otorgaron, evidenciando una tasa de reconocimiento que está muy por debajo de las cifras europeas. La situación es aún más preocupante al ver que hacia finales de 2024 había más de 1.2 millones de solicitudes pendientes en la UE, con España acumulando un 21% de estos casos.

CEAR también ha expressado su preocupación sobre la inminente apertura de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros en Algeciras, que albergará hasta 507 personas, destacando la "persistencia de obstáculos" que estos individuos encuentran al intentar acceder a sus derechos de asilo.

En referencia al nuevo Reglamento de Extranjería vigente desde mayo, CEAR ha señalado sus "luces y sombras", considerando que aunque ha flexibilizado algunos aspectos para quienes están en situación irregular, deja fuera a aquellos cuyos pedidos de asilo han sido rechazados, obligándolos a vivir en la incertidumbre.

Además, se denuncian las serias dificultades en la obtención de citas para formalizar las solicitudes, lo que mantiene a miles en un "limbo jurídico" inaceptable. CEAR visualiza la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización como una herramienta potencial que podría aliviar algunas de estas crisis.

Las condiciones de vida para migrantes han sido severamente impactadas por desastres naturales, como las recientes inundaciones, que han creado barreras adicionales para el acceso a los servicios necesarios, dejándolos vulnerables y desprotegidos.

En el contexto de la crisis de Gaza, CEAR expresó su preocupación por una respuesta europea que consideran "insatisfactoria". Los altos cargos de la ONG han enfatizado la necesidad de proteger los derechos humanos y el derecho a la vida en contextos de conflicto.

Asimismo, se han observado llegadas de migrantes a través de rutas marítimas hacia las Islas Baleares, con una nueva ruta que atraviesa varios países africanos y que llega hasta estos territorios. La directora de CEAR ha instado al gobierno a actuar de manera urgente para proteger a los recién llegados de situaciones de calle.

En esa línea, se reconoce a los menores migrantes no acompañados como un grupo que necesita atención específica que no debe ser igualada a la de los adultos, resaltando así la importancia de una atención adaptada y efectiva en el sistema de acogida.

La activista salvadoreña Alma Hernández ha reclamado una evaluación humanitaria de los procesos de asilo, advirtiendo sobre el potencial cierre de caminos hacia Estados Unidos debido a políticas discriminatorias y racistas. La ONG concluye con un llamado directo al gobierno español para que actúe en defensa de los derechos humanos, evitando caer en las trampas de las políticas migratorias inhumanas.