La política española se encuentra en un momento crítico, marcado por las presiones sobre la figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que podría enfrentar juicio tras la decisión del Tribunal Supremo. Esta situación ha llevado a líderes del Partido Popular (PP) a exigir su dimisión de forma contundente, argumentando que el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una crisis profunda.

Alberto Núñez Feijóo, máximo referente del PP, ha dejado claro que la solución a la "degradación institucional" que él atribuye al actual presidente del Gobierno es la destitución de Sánchez. Este mensaje ha resonado especialmente tras conocerse que García Ortiz se enfrentará a un juicio oral por presuntas revelaciones de secretos, según el magistrado Ángel Hurtado, que también le ha impuesto una fianza de 150.000 euros.

Feijóo ha instado a sus oponentes socialistas a tomar una posición firme en relación a la continuidad de García Ortiz, advirtiendo que su inacción significaría complicidad con su situación legal. “Si el PSOE no actúa frente a esta situación, serán arrastrados al escándalo”, ha declarado, subrayando la gravedad de la actualidad judicial que envuelve al entorno de Sánchez.

La presión sobre García Ortiz no es una cuestión aislada. Feijóo ha recordado que otras figuras cercanas a Sánchez, incluyendo a su hermano y a Santos Cerdán, su número dos, también están en problemas legales, sugiriendo que este ambiente de crisis es un reflejo de la gestión del actual Gobierno. “La limpieza de la política española requiere un cambio en la dirección del gobierno”, ha reafirmado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha sido igualmente rotundo en su llamado a la dimisión del fiscal general, argumentando que su situación lo descalifica para seguir en el cargo. Comenta que la existencia de cargos judiciales en su contra es un indicador de su falta de idoneidad para liderar la Fiscalía.

Desde el grupo parlamentario del PP, Ester Muñoz también ha manifestado que, aunque se respeta la presunción de inocencia, la situación de García Ortiz crea un conflicto ético que no puede ignorarse. La postura es clara: la permanencia del fiscal en su puesto no puede ser aceptada por un estado de derecho que se precie.

Elías Bendodo, en una línea similar, ha denunciado la situación como un “escándalo internacional”, exigiendo la renuncia inmediata del fiscal por implicaciones que considera vergonzosas para la imagen del país. La crisis de confianza en las instituciones está en el centro del debate.

Cuca Gamarra, por su parte, ha catalogado la apertura del juicio oral contra García Ortiz como un “escándalo inaudito” que pone en peligro la reputación del sistema judicial español. Gamarra ha resaltado la anormalidad de que un fiscal general enfrente un juicio por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, lo que reafirma su postura de que la degradación democrática bajo la administración de Sánchez es alarmante.

El contexto se vuelve aún más complicado con la inminente declaración judicial de la esposa de Sánchez, lo que hace que las críticas hacia la figura del fiscal tengan un eco aún más fuerte en la esfera política. Gamarra ha subrayado que la situación de García Ortiz es insostenible y que su dimisión es una necesidad inminente. “No se puede tolerar que se mantengas en su puesto mientras está siendo juzgado”, ha afirmado.

La dirigente del PP ha dejado claro que el respaldo del Ejecutivo a García Ortiz solo sirve para proteger la imagen de Sánchez, un hecho que, según ella, debería preocupar a todos los españoles. La llamada a la acción es inminente, demandando a Sánchez no solo que exija la dimisión del fiscal, sino que trabaje por la regeneración y limpieza democrática que el país necesita. “El momento es ahora”, ha concluido Gamarra.