En Madrid, el 2 de febrero, un grupo de feministas agrupadas en la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha creado un mapa interactivo que revela más de un centenar de incidentes asociados con la aplicación de la Ley Trans en España.

Este lunes, la organización ha informado que la herramienta geográfica permite visualizar y analizar cómo la autodeterminación del sexo registral impacta en la sociedad. Los casos documentados han sido extraídos de diversos medios y resaltan que la implementación de la Ley Trans de 2023 ha provocado desvíos y contradicciones con leyes fundamentales como la de Igualdad y la Ley contra la Violencia Machista, que buscan defender los derechos de las mujeres.

Por el momento, la Alianza indica que ha recopilado un centenar de casos, aunque aclara que este es solo un extracto de aquellos que han llegado a los medios de comunicación, lo que deja entrever la posibilidad de una cantidad aún mayor de situaciones problemáticas.

Además, la agrupación sostiene que no se puede calificar de "fraudes" a estos incidentes, dado que, según explican, "el único fraude radica en la ley misma". Adicionalmente, puntualizan que el texto legal no impone ninguna condición para que una persona solicite la modificación de su sexo en los registros.

La organización critica también la falta de transparencia institucional, afirmando que las autoridades no facilitan la información necesaria para comprender la magnitud del asunto. En sus numerosas demandas de información al portal de Transparencia, han encontrado una “ausencia de sistematización” que demuestra una falta de interés político en facilitar datos relevantes que evidencian las fallas legislativas en torno al concepto de 'autodeterminación' del sexo registral y sus amplias repercusiones en las dinámicas sociales.

Los primeros incidentes registrados datan de poco después de la aprobación de la ley, con nuevos ejemplos documentados hasta enero de 2026. La Alianza resalta que el mapa se actualizará a medida que se encuentren más casos.

Entre los hallazgos destacados, la Alianza señala que el mapa incluye situaciones en las que agresores, feminicidas o proxenetas han podido modificar su sexo registral sin dificultades, logrando así convertirse legalmente en mujeres sin enfrentar obstáculos.

Asimismo, critican que el sistema de registro actual no verifica los antecedentes penales de quienes solicitan un cambio de sexo, lo que plantea interrogantes sobre la protección de las mujeres.

Además, han registrado casos donde un cambio en la identidad legal ha demorado juicios por violencia machista, debido a que la autoridad judicial debía decidir en qué jurisdicción se debía tramitar la denuncia. Estas situaciones generan confusión y pueden desviar la atención de la violencia de género.

El mapa también documenta casos en los que hombres que han cambiado su identidad de género han aprovechado esa condición para eludir normativas de protección hacia las mujeres, accediendo a plazas de empleo con baja representación femenina gracias a la utilización de un DNI femenino. Esto ha suscitado un gran debate sobre el uso ético de las políticas de acción positiva.

Por otro lado, la organización revela que el mapa incluye situaciones en las que hombres, tras modificar su registro, han reclamado el acceso a vestuarios femeninos en diversos espacios como lugares de trabajo, centros de ocio y comisarías.

Asimismo, se ha señalado que algunos medios de comunicación han contribuido a difundir confusión al referirse en términos femeninos a delincuentes sexuales y maltratadores condenados, lo que complica aún más la percepción pública sobre estos casos.

En un llamado a la responsabilidad periodística, la Alianza insta a los medios a verificar la información y a presentar los datos de manera precisa, especialmente cuando se trata de hombres que se autoidentifican como mujeres, ya que la falta de información clara puede conducir a desinformación.

Finalmente, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres concluye que los casos reflejados en su mapa evidencian ser solo una pequeña parte de un panorama más amplio que pone en entredicho las afirmaciones oficiales sobre la insignificancia del impacto negativo de la Ley Trans en los derechos y la seguridad de las mujeres, subrayando que incluso las situaciones mínimas pueden tener consecuencias significativas en la lucha por la igualdad.