En Madrid, el 17 de junio, un grupo de feministas socialistas ha hecho un llamado fuerte y claro para modificar los estatutos del partido con el fin de poner fin a la presencia de militantes vinculados a la prostitución, también conocidos como 'puteros', sin necesidad de una condena previa. Esta exigencia surge tras la revelación de audios entre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre, donde se discuten intercambios de mujeres.

La exdiputada Ángeles Álvarez, en diálogo con Europa Press, ha recordado que durante el último Congreso del PSOE, celebrado en noviembre del año pasado, hubo una demanda explícita de las feministas para la expulsión de estos militantes. Estas voces feministas han insistido en la necesidad de tomar medidas contundentes contra aquellos que hacen uso de servicios sexuales a cambio de dinero, particularmente si ocupan cargos de relevancia dentro del partido.

A pesar de estos llamados, Álvarez ha expresado su descontento, ya que esta propuesta fue remitida a la Comisión de Estatutos en lugar de a la Comisión de Igualdad. Esta decisión se interpretó como una manera de limitar la expulsión solo a aquellos que ya han sido condenados, algo que en el contexto español, donde la prostitución es legal y los proxenetas no siempre son penados, resulta insuficiente. Álvarez ha denunciado esta escasa respuesta como un intento de esquivar las demandas legítimas del movimiento feminista dentro del partido.

Según sus declaraciones, esta percepción es compartida por muchas feministas socialistas. En los grupos de WhatsApp de mujeres dentro del partido, hay un amplio rechazo a la forma en que se ha manejado esta situación, volviendo el foco no tanto en los audios en sí, sino en la apatía del partido ante este asunto crítico.

Otras feministas socialistas, como Soledad Murillo y Cristina Hernández, también han manifestado su indignación tras escuchar las conversaciones entre Ábalos y García Izaguirre. Murillo, quien ocupó la Secretaría de Estado de Igualdad, expresó su profundo desprecio por la actitud de ambos, a quienes calificó de "sinvergüenzas" por discutir la trata de mujeres. A través de sus redes sociales, subrayó que muchas socialistas abogan por una legislación abolicionista y rechazó firmemente sus comentarios.

Por su parte, Hernández, actual directora del Instituto de las Mujeres, compartió sus sentimientos de "vergüenza e ira" en el contexto de estos audios, afirmando que el partido está repleto de individuos "corruptos" y "machistas" que no aportan a la lucha por la dignidad de las militantes feministas.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, también se pronunció sobre el tema, calificando los audios de "asquerosos y vomitivos". En su intervención, destacó que tales comportamientos son inaceptables y subrayó la determinación de trabajar incansablemente contra el machismo estructural existente en la sociedad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió la postura del PSOE de mantener una "tolerancia cero" frente al machismo y la corrupción tras el escándalo. Afirmó que es un tema que ha dolido considerablemente a todos, en especial a las feministas que llevan años luchando por la erradicación de estas actitudes y prácticas en todas las instancias de la sociedad.

Redondo transmitió además la profunda rabia y confusión que sienten muchas dentro del partido, indicando que el desasosiego provoca un "asco" general llevado a un punto sin precedentes. Este sentimiento fue también expresado por Andrea Fernández, portavoz de Igualdad, quien exigió acciones claras y efectivas ante la "gravedad de los hechos" recentamente revelados.

Finalmente, muchas de estas feministas del PSOE reafirmaron su compromiso de seguir luchando por la dignidad y el respeto dentro de la política, declarando que es más importante que nunca mantener la integridad del partido y la lucha feminista.