La controversia en torno a la gestión de la inundación de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana ha tomado un giro significativo, tras una denuncia por parte de la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT). La organización, que actúa como parte acusadora en el proceso judicial, ha solicitado a la jueza de Catarroja que reconsidere el estatus de Jorge Suárez, el subdirector general de Emergencias, pasándolo de testigo a investigado. Esta solicitud se basa en preocupaciones sobre la posible implicación de Suárez en responsabilidades penales por su actuación o falta de respuesta durante la crisis.

En un informe presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, FETAP-CGT ha manifestado serias preocupaciones sobre “graves irregularidades” en la documentación proporcionada por Suárez el 7 de abril. Este informe, que considera vital para desentrañar los eventos que llevaron a las catastróficas inundaciones, señala que los datos de la Generalitat contienen numerosos errores, omisiones y manipulaciones que distorsionan la visión del Plan Especial de Inundaciones, minimizando las responsabilidades del gobierno regional.

Entre las irregularidades destacadas se encuentra la omisión de funciones esenciales asignadas al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), las cuales debían haberse ejecutado de manera crítica, ya que incluyen la coordinación de acciones necesarias y la activación de mecanismos de socorro en el tiempo requerido. Además, se acusa a la Generalitat de haber ocultado su obligación de comunicar información relevante a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Agencia Estatal de Meteorología, responsabilizándose solo de la recepción de datos y no de su transmisión activa, un papel que era crucial en la prevención de emergencias.

El informe también critica la falta de claridad en la distinción entre las fases de preemergencia y emergencia, lo que diluyó las responsabilidades de la Generalitat desde el primer momento de alerta, así como la omisión de los directores del Plan Especial, cuya actuación era clave para el desarrollo de una respuesta adecuada y la activación de Puestos de Mando Avanzados en los momentos más críticos.

FETAP-CGT subraya que esta situación refleja un “intento sistemático” de transferir la carga de la gestión de la emergencia a los ayuntamientos y al Gobierno central, presentando los Planes de Actuación Municipal como la única solución a la crisis, cuando en realidad, la responsabilidad de liderazgo y coordinación recaía en la Generalitat.

Además, la organización enfatiza que las decisiones y acciones tomadas durante la inundación, como la falta de Puestos de Mando Avanzados, la escasez de información clara y los avisos confusos, no solo aumentaron los daños materiales, sino que además pusieron en grave peligro la vida de cientos de personas. Ahora, advierte FETAP-CGT, surge una preocupación adicional sobre el informe presentado por Suárez en el marco judicial, que parece tener la intención de disminuir la culpabilidad del gobierno valenciano por los acontecimientos trágicos.

Particularmente alarmante es la revelación de que, a las 12:25 del 29 de octubre, ya se había declarado la Emergencia Situación 0 en la rambla del Poyo, sin que se llevaran a cabo las acciones necesarias que el propio Plan Especial de Inundaciones requería, incumpliendo así las obligaciones básicas de protección civil.

Por todo lo expuesto, esta acusación exige que se tomen las medidas necesarias para esclarecer todas las responsabilidades relacionadas con la gestión de la emergencia en octubre, reclamando que la verdad salga a la luz y se asuman las responsabilidades que corresponden sin trasladarlas a otras administraciones.