El 4 de febrero, desde Madrid, el creador de Telegram, Pavel Durov, ha hecho un llamado a la ciudadanía española para que permanezca en alerta y actúe en defensa de su libertad, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la intención de restringir el uso de redes sociales por parte de menores de 16 años y de implementar medidas contra las plataformas digitales que no eliminen contenido considerado "de odio" o ilegal.

Durov ha expresado su preocupación al calificar estas iniciativas como pasos peligrosos hacia un sistema de control absoluto, recordando que la historia muestra cómo los gobiernos han utilizado la excusa de la seguridad para silenciar a la disidencia. El empresario enfatizó la importancia de preservar la privacidad y la libertad en su plataforma, defendiendo las características de seguridad que ofrece Telegram, como el cifrado robusto y la ausencia de puertas traseras que permitan un acceso no autorizado.

Durante su exposición, el presidente Sánchez también mencionó la intención de modificar el Código Penal para que los altos directivos de las plataformas digitales sean considerados responsables penalmente por las infracciones en sus servicios, especialmente en el caso de no acatar órdenes de eliminación de contenidos ilícitos.

Durov advirtió sobre el riesgo de que estas políticas transformen a España en un Estado de vigilancia bajo la justificación de la "protección". La propuesta de verificar la edad de los usuarios mediante métodos estrictos, como la presentación de documentos de identidad o información biométrica, podría llevar a la eliminación del anonimato y facilitar la recolecta masiva de datos personales. Según él, esta medida, inicialmente dirigida a menores, podría extenderse a la población en general, ahogando el debate democrático.

Asimismo, el fundador de Telegram criticó la posibilidad de que los responsables de las plataformas enfrenten penas de prisión si no eliminan con rapidez los contenidos considerados ilegales o dañinos, algo que, según Durov, propiciaría la autocensura. Se teme que las plataformas eliminen cualquier publicación que pueda resultar controvertida para evitar problemas legales, lo que podría silenciar voces disidentes y restringir la diversidad de opiniones.

Durov también destacó que estas normas pueden transformar en delito la difusión de contenido que represente críticas o disenso. Este tipo de regulación permitiría a los gobiernos controlar lo que los ciudadanos ven, suprimiendo perspectivas contrarias y fomentando la creación de cámaras de eco que solo perpetúen la propaganda estatal. La posibilidad de explorar ideas libremente quedaría así truncada.

Por último, el fundador de Telegram subrayó que las plataformas tendrían la responsabilidad de monitorear y reportar cómo sus interacciones podrían influir en la división social. En su análisis, la ambigüedad en la definición de "odio" podría dar lugar a sanciones contra quienes critiquen al gobierno, convirtiendo este marco legal en una herramienta para acallar a la oposición.