En un giro significativo en el ámbito judicial español, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado una solicitud a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) con el objetivo de anular las actuaciones de entrada y registro que se realizaron en su despacho. Esta medida se basa en la argumentación de que dichas acciones fueron de una “manifiesta y notoria desproporción”, en el contexto de la causa que se ha abierto en su contra por una supuesta revelación de secretos.

De acuerdo con la información avanzada por 'El País' y confirmada por fuentes jurídicas a Europa Press, la Abogacía del Estado decidió recurrir la decisión tomada por el instructor Ángel Luis Hurtado. Esta causa judicial fue iniciada tras la denuncia interpuesta por Alberto González Amador, quien es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, y también afecta a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Los servicios jurídicos del Estado sostienen que las diligencias de entrada y registro, así como la clonación, volcado e incautación de dispositivos de almacenamiento masivo, representan "seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable)" que se ha infligido a la Fiscalía General del Estado y a su fiscal jefe provincial.

El pasado 30 de octubre, el instructor de la causa autorizó la intervención de materiales informáticos como teléfonos móviles, ordenadores y cualquier otro soporte que pudiera contener pruebas relacionadas con el caso. Este permiso incluye la aprehensión de los dispositivos personales de García Ortiz, así como el acceso completo a sus correos electrónicos y perfiles en redes sociales.

A pesar de esta amplia autorización, el instructor impuso dos límites a las diligencias. Uno se refiere al contenido de la información, que debe guardar relación con el delito de revelación de secretos que se investiga, y otro es de carácter temporal, acotándose inicialmente desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre, aunque luego fue restringido a un lapso más corto, del 8 al 14 de marzo.

Fuentes consultadas por esta agencia han confirmado que el mismo día de la intervención, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo el clonado completo de varios dispositivos del fiscal general, incluyendo dos teléfonos móviles y una tableta, junto a varios ordenadores.

Este movimiento por parte de la Abogacía del Estado complementa el recurso de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien en su apelación del pasado 5 de noviembre argumentó que los registros realizados en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial eran nulos, dado que no contenían un relato claro de los hechos delictivos que se consideraban relevantes.

Es importante recordar que la denuncia de González Amador surgió a raíz de una nota emitida por la Fiscalía el 14 de marzo, en la que se informaba sobre el cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso que se sigue en su contra por delitos fiscales, en el marco de negociaciones para alcanzar un acuerdo.

A pesar de la denuncia, el Tribunal Supremo no encontró indicios de delito en la nota de prensa, dirigiendo su atención hacia las filtraciones previas relacionadas con esos correos electrónicos en los medios. Este caso pone de relieve las tensiones existentes en el sistema de justicia y las implicaciones que pueden tener las decisiones judiciales en la confianza pública hacia las instituciones.