En una jornada histórica para el ámbito laboral, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo Real Decreto que redefine el proceso para anticipar la jubilación en empleos que implican condiciones penosas o peligrosas. Este avance se justifica por la aplicación de coeficientes reductores, buscando una mayor justicia social en el ámbito de las pensiones.

La normativa establece criterios claros y objetivos que permitirán a trabajadores que desempeñan funciones en campos excepcionalmente exigentes, donde la morbilidad y mortalidad son notablemente elevadas, beneficiarse de un adelanto en su jubilación. Esto aplica especialmente a aquellos cuya labor no se puede mejorar con mejores condiciones de trabajo.

Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este decreto es un "hito" en la protección del tejido laboral español y es resultado de un acuerdo histórico que reunió a diversos actores sociales en julio de 2024, cumpliendo así compromisos previos de la reforma de pensiones de 2021.

“Existen profesiones que desgastan más que otras, especialmente en los años finales de la vida laboral”, manifestó Saiz, subrayando que hay cifras y datos que respaldan el hecho de que algunas actividades tienen una mayor tasa de siniestralidad y enfermedades profesionales.

El decreto no solo esclarece los tipos de actividades que se podrán acoger a estos coeficientes reductores, sino que también establece cuáles son los aspectos que se evaluarán para calificar la penosidad de un trabajo. Entre estos, se incluyen factores como la exposición a condiciones climáticas extremas, ruidos intensos, vibraciones y el uso constante de fuerza física, así como la interacción con agentes físicos, químicos y biológicos.

La norma busca identificar también la toxicidad inherente a ciertos trabajos, contemplando aquellos que suponen un riesgo por contacto con sustancias nocivas, mientras que la peligrosidad se refiere a aquellas tareas que, por naturaleza, presentan un elevado riesgo de accidentes o enfermedades.

Para validar la aplicación de estos coeficientes reducidos, se empleará un método basado en “indicadores objetivos”, que contemplarán la incidencia de procesos de incapacidad temporal y otros eventos graves como fallecimientos o incapacidad permanente en relación al total de trabajadores de la categoría evaluada.

La Seguridad Social se encargará de emitir un informe de morbilidad y mortalidad, incorporando variables como edad, sexo y condiciones laborales, lo que permitirá tener un panorama más completo de la situación laboral de los afectados.

Este proceso, que no tendrá efecto sobre trabajadores que ya disfrutan de la jubilación anticipada en profesiones específicas como la pesca o la minería, se reserva para nuevos sectores que carecen de esta opción en la actualidad. Los coeficientes resultantes implicarán un aumento en las cotizaciones a la Seguridad Social, que se establecerán en laLey de Presupuestos Generales del Estado anual.

El decreto estipula, además, que no se podrá jubilar anticipadamente a los menos de 52 años, y aquellas pensiones derivadas de esta jubilación anticipada no se podrán compatibilizar con el desempeño de las mismas actividades que dieron lugar a dicha necesidad.

Las solicitudes para aplicar estos coeficientes reducidos se realizarán de manera colectiva por organizaciones empresariales y sindicales, así como algunas administraciones públicas, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Una comisión de evaluación, con representación de los agentes sociales, analizará los casos y generará un informe que justificará la aplicación de los coeficientes. Esta iniciativa está alineada con reformas recientes que buscan que la jubilación se adapte a las singularidades de cada trabajador.

El cambio normativo también pone a España a la par de otros países europeos como Francia, Austria e Italia, que han adoptado políticas similares. La ministra Saiz concluyó enfatizando que esta regulación representa un avance significativo hacia la justicia social y reafirma el compromiso del sistema de pensiones español con los principios de solidaridad establecidos en el Pacto de Toledo.