El partido de la oposición encabezado por Yair Lapid ha decidido intensificar su lucha legal al presentar una solicitud ante el Tribunal Superior de Justicia en un intento por frenar la reciente destitución de la fiscal general, Gali Baharav Miara.

En una sesión celebrada este lunes, el Gobierno israelí, bajo la dirección del primer ministro Benjamin Netanyahu, aprobó de manera unánime la separación de Baharav Miara del cargo, en un contexto marcado por crecientes tensiones políticas y manifestaciones masivas en las afueras de la sede del Gobierno. Estas protestas han sido un reflejo del descontento social ante la decisión de cesarla.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, comunicó a través de su cuenta de Facebook que el Ejecutivo ha respaldado por unanimidad la iniciativa para poner fin al mandato de la fiscal general de forma inmediata.

Es importante destacar que durante esta votación, que contó con el apoyo de 22 ministros, tanto la fiscal como Netanyahu estaban ausentes, según informaciones del medio digital Ynet.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, quien había solicitado la destitución de Baharav Miara desde noviembre del año 2024, hizo hincapié en la necesidad de nombrar rápidamente a un reemplazo, argumentando que no se puede permitir que el vacío en el liderazgo se llene con interpretaciones jurídicas poco claras.

Karhi también declaró: “El proceso que inicié hace aproximadamente nueve meses llega a su fin. Más vale tarde (aunque muy tarde) que nunca. Si dependiera de mí, ya habría presentado acusaciones por fraude y abuso de confianza en su contra”.

En respuesta a estos acontecimientos, el partido opositor Yesh Atid ha tomado la delantera en la batalla legal y ha presentado una petición ante el Tribunal Superior. La diputada Karine Elharrar enfatizó: “El Gobierno no persigue asesoramiento legal; busca la obediencia. Han optado por renunciar al Estado de derecho y nosotros hemos decidido defenderlo y protegiendo la democracia”.

Recientemente, el Tribunal Superior dictó que la destitución de la fiscal general no puede llevarse a cabo de manera apresurada, reiterando que debe haber un tiempo adecuado para la revisión judicial de esta decisión. De este modo, la salida de Baharav Miara no será efectiva hasta que los jueces se pronuncien sobre la legalidad del proceso, el cual ella misma considera como “ilegal”.

El Gobierno liderado por Netanyahu argumenta que la fiscal está motivada por intereses políticos en su contra, mientras que Baharav Miara sostiene que su obligación es recordar al Ejecutivo los límites que impone la ley, “sin que esas diferencias de opinión justifiquen un cese”.