En Madrid, el 1 de agosto, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha enviado una comunicación a las organizaciones de jueces y fiscales que participaron en la huelga del 1 al 3 de julio. En la carta, el ministerio solicita un “listado verificado” de los profesionales que no trabajaron durante esos días para proceder a la deducción de sus salarios.

La misiva surge tras un pronunciamiento de las principales asociaciones del sector, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente (FJI). Estas organizaciones han subrayado que es responsabilidad del Ministerio de Justicia llevar a cabo la deducción de los salarios, acusando al gobierno de actuar de manera manipuladora al no haberlo hecho.

El Ministerio, por su parte, ha señalado que solo han recibido comunicación oficial de un juez y 28 fiscales que reconocieron su participación en la huelga, haciendo así efectivo su derecho a renunciar a sus salarios. Sin embargo, las asociaciones argumentaron que el Ministerio tiene la obligación de restar sus sueldos, pues actúa como su empleador.

En su respuesta, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha sostenido que aunque el Ministerio efectivamente paga los salarios, no actúa como empleador en el caso de jueces y fiscales. Esto implica que carece de los medios necesarios para identificar de manera oficial a las personas que participaron en la huelga.

Olmedo también mencionó que la única información disponible para el Ministerio proviene de comunicaciones formales realizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, señalando que dependían de la voluntad de estas entidades para informar sobre los huelguistas.

A modo de ejemplo, el secretario de Estado recordó que durante la huelga del 19 de noviembre de 2018, tanto el CGPJ como la Fiscalía habían enviado listados de los participantes, permitiendo así que se llevaran a cabo las deducciones correspondientes.

Por ello, el pasado 22 de julio, se solicitó formalmente a estas instituciones que proporcionaran un informe sobre quienes habían secundado la reciente huelga. Al mismo tiempo, se buscó indagar si las gerencias territoriales del Ministerio habían recibido comunicaciones directas de los huelguistas.

Las gestiones revelaron que, de acuerdo con la información publicada, un juez afirmó haber ejercido su derecho a la huelga y otro juez manifestó que también se sumaba a la protesta, aunque realizando servicios mínimos. En el caso de los fiscales, se reportó que 19 de ellos apoyaron la huelga durante tres días, mientras que otros sumaron dos y algunos más se adhirieron solo un día.

Por último, el Secretario de Estado concluyó solicitando a las asociaciones que, si disponen de un listado verificado de los jueces y fiscales que participaron en la huelga, lo envíen de inmediato al CGPJ o directamente al Ministerio para que se lleven a cabo las deducciones salariales correspondientes.