En Madrid, el 9 de abril, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha compartido detalles sobre una reunión reciente entre el Gobierno central y el del País Vasco, que tuvo lugar el día anterior. El objetivo principal de este encuentro fue discutir el contexto jurídico y político relacionado con el traspaso de competencias sobre la homologación de títulos universitarios extranjeros a la comunidad autónoma, un tema que ha cobrado relevancia tras la decisión del Tribunal Supremo que anuló procedimientos previos.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Morant expresó su firme intención de avanzar en este asunto, reafirmando al mismo tiempo el compromiso de su ministerio por garantizar que la transferencia de estas competencias se lleve a cabo. La diputada de Bildu, Marije Fullaondo, fue quien planteó estas preocupaciones y, por su parte, el Gobierno Vasco ya ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional debido a la resolución del Supremo.

La ministra también destacó la importancia de que los expedientes que ya habían sido iniciados a través del Gobierno vasco no se queden en un limbo administrativo. Aseguró que se implementará un proceso constructivo de cooperación entre instituciones, que permitirá la transferencia directa de estos expedientes al Ministerio. El objetivo es que, mediante una simple ratificación por parte de los solicitantes, el Gobierno pueda continuar con la tramitación correspondiente.

Morant subrayó su compromiso con quienes han llegado a España con la intención de integrarse en el mercado laboral. "La inmigración es un enriquecimiento para nuestro país", enfatizó, reafirmando su dedicación hacia aquellos que buscan homologar sus títulos y poder ejercer su profesión en el país.

Por su parte, Fullaondo transmitió la profunda preocupación que existe en el País Vasco sobre este asunto, señalando que las competencias y el autogobierno están siendo puestos a prueba. Aseguró que se están vulnerando los derechos de cientos de profesionales cualificados que están a la espera de poder ejercer en su área de especialización, y que los servicios públicos están listos para cubrir la demanda en distintos sectores.

Fullaondo hizo un llamado urgente para que se implementen los mecanismos necesarios que faciliten el traspaso efectivo de competencias lo antes posible. Dijo que esto podría lograrse ya sea mediante la reforma de la Ley Orgánica 2/2023, que afecta al Sistema Universitario, o mediante otros mecanismos que el Gobierno considere apropiados.

En cuanto a la resolución de los expedientes que quedaron pendientes debido al fallo del Tribunal Supremo, la diputada destacó que se debería proceder automáticamente por parte del Ministerio, facilitando así el proceso para aquellos que ya han completado los trámites requeridos. "Aproximadamente 200 expedientes están en espera y necesitan una respuesta inmediata, muchos de los solicitantes llevan más de tres o cuatro años esperando por su homologación, y nuestros servicios públicos están listos para integrar a estos profesionales", concluyó Fullaondo, enfatizando la urgencia de esta cuestión.