Greenpeace advierte que extender la operación de Almaraz costaría más de 3.800 millones de euros a los consumidores de electricidad.
El debate sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz en Extremadura está tomando un giro significativo. Un nuevo estudio realizado por Greenpeace en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sugiere que extender la vida útil de la planta hasta 2030 podría costarle a los consumidores españoles hasta 3.831 millones de euros en su factura eléctrica.
Este análisis, presentado recientemente por Eloy Sanz, director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, junto con el investigador Víctor García Carrasco de la Universidad Politécnica de Cataluña, concluye que el cierre anticipado de Almaraz es no solo viable desde un punto de vista técnico, sino también más sostenible y económicamente favorable que una prórroga de sus operaciones.
Los expertos llevaron a cabo simulaciones detalladas que abarcan el periodo de 2026 a 2033, teniendo en cuenta factores como la demanda energética futura, el avance en energías renovables, las capacidades de almacenamiento y el mecanismo de formación de precios del mercado eléctrico. A partir de estos datos, se reveló que, aunque haber ampliado la operación de Almaraz podría ofrecer un alivio temporal en las tarifas de electricidad, a partir de 2031 se registraría un aumento significativo en los precios.
Para el año 2033, los precios en el mercado mayorista podrían alcanzar hasta 63,5 euros por megavatio hora, un 9,5% más que el precio proyectado en un escenario de cierre efectivo. Este aumento traduciría en costos extras considerables para los consumidores, resaltando la urgencia de replantear las decisiones sobre la central nuclear.
Inaugurada entre 1983 y 1984, Almaraz actualmente prevé cerrar entre 2027 y 2028, aunque las empresas gestoras han solicitado una extensión hasta 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está evaluando la viabilidad de esta solicitud, con un informe esperado para el próximo verano.
A pesar de las discusiones en torno a la prórroga, el gobierno ya ha señalado sus prioridades: seguridad radiológica, suministro eléctrico y la garantía de que estos cambios no repercutan en costos adicionales para la ciudadanía. En este contexto, los investigadores destacan que la extensión de la actividad de Almaraz contradice el principio de viabilidad económica, al generar costos adicionales y obstaculizar la transición hacia energías más limpias.
Por el contrario, el cumplimiento del calendario de cierre propuesto se alinearía mejor con los objetivos de descarbonización y competitividad energética de España, explican los investigadores. De hecho, las simulaciones sugieren que la energía generada por Almaraz podría ser casi completamente reemplazada por fuentes renovables, que cubrirían el 96,4% de la energía que se dejaría de generar, así como el crecimiento de la demanda inmediata posterior al cierre.
Sin embargo, los expertos advierten que una prórroga de Almaraz retrasaría el desarrollo de nuevas infraestructuras de energía renovable y almacenamiento, lo que resultaría en un descenso de la cobertura renovable para 2030, pasando del 65,8% al 59,3%. Este escenario podría llevar a una pérdida de inversiones de hasta 26.130 millones de euros entre 2026 y 2033.
En cuanto a las emisiones, los investigadores subrayan que aunque la prórroga podría ofrecer una reducción temporal en el uso de gas, a largo plazo se traduciría en un sistema menos sostenible y en un aumento de las emisiones. Durante el período mencionado, los escenarios de prórroga podrían resultar en la acumulación de entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas métricas adicionales de dióxido de carbono, equivalentes a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años o las de un coche de gasolina dando la vuelta al mundo más de un millón de veces.
Esta situación podría traducirse en un coste de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, un gasto que, inevitablemente, recaerá sobre los bolsillos de los consumidores. La urgencia por una transición energética efectiva nunca ha sido más evidente, y el análisis de Greenpeace proporciona datos contundentes para argumentar en favor del cierre de Almaraz.
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