El 5 de marzo en Madrid, la Unión de Oficiales, una asociación que representa a los mandos de la Guardia Civil, ha decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su objetivo es cuestionar los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad del País Vasco, que implican una transferencia de competencias en puertos y aeropuertos hacia la Ertzaintza.

Este recurso se basa en los puntos 3 y 4 del acta de la reunión de la Junta de Seguridad llevada a cabo el pasado 24 de julio de 2024, de acuerdo con la información publicada por Europa Press. Durante la conferencia de prensa que siguió a este encuentro, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunico que la Ertzaintza tendría nuevas responsabilidades en materia de orden público y protección de personas y bienes en las instalaciones mencionadas, aunque sin interferir en las funciones reservadas a la Policía y la Guardia Civil, como extranjería y control de fronteras.

La Unión de Oficiales critica la implementación de estos acuerdos, la cual permitirá que, a partir del 3 de febrero de 2025, la Ertzaintza asuma un papel integral en todos los puertos del País Vasco, incluyendo la vigilancia de las aguas adyacentes.

Desde la perspectiva de esta asociación, los entendimientos firmados entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco carecen de la fuerza legal necesaria para alterar lo estipulado en la Ley Orgánica 2/1986, que rige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la Ley Orgánica 3/1979 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

No es la primera vez que la Unión de Oficiales presenta un recurso de este tipo. El 7 de febrero, interpusieron otro ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para cuestionar la cesión de competencias en medio ambiente, acordada durante otra Junta de Seguridad en la que participaron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro Grande-Marlaska.

En ese caso, se argumentó que la cesión correspondiente, reflejada en el quinto punto del acta, tampoco posee la fuerza legal adecuada para modificar las leyes mencionadas anteriormente. En la reunión bilateral realizada a principios de diciembre, se llegó a un acuerdo para que los Mossos d'Esquadra investiguen delitos ambientales en Cataluña, respetando aquellas investigaciones de mayor impacto que recaerían en la Guardia Civil.

Adicionalmente, la Junta de Seguridad discutió otros acuerdos, incluyendo la integración de los Mossos en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), así como la activación de la Guardia Civil y la Policía Nacional desde el Sistema de Emergencias 112 para garantizar una respuesta más eficiente ante situaciones de emergencia.