Este domingo, Guinea vivirá un momento histórico al celebrar su primer referéndum constitucional desde el golpe de Estado que tuvo lugar en 2021. Esta votación coincidirá con un clima de intensa represión, donde la junta militar al mando ha incrementado las acciones contra opositores y activistas, lo que suscita serias preocupaciones sobre la legitimidad del proceso electoral.

A pesar de ser un país con una población de alrededor de 15 millones de personas, el referéndum se presenta en medio de un contexto tenso. Organizaciones de la oposición han instado al boicot, señalando que este ejercicio democrático es una fachada para que la junta militar, encabezada por Mamady Doumbouya, intente legitimar su gobierno tras el derrocamiento de Alpha Condé.

El golpe de Estado que derrocó a Condé fue inicialmente visto por algunos como una oportunidad para democratizar el país. Sin embargo, los casi cuatro años de gobierno de la junta han desencadenado un aumento de la represión y la desconfianza por parte de la población. La promesa de Doumbouya de devolver el poder a los civiles parece haber quedado en el aire, con continuas demoras para definir un calendario electoral tras la intervención militar.

En este sentido, la junta promulgó una Carta de Transición inmediatamente después del golpe, prohibiendo a los miembros del gobierno interino postularse en futuras elecciones. Esto ha complicado aún más el panorama electoral, mientras que se han multiplicado las restricciones a las libertades civiles, incluyendo la disolución de partidos opositores.

La presión internacional, especialmente de la CEDEAO, llevó a la junta a comprometerse a un proceso de transición de dos años, culminando en prometidas elecciones para finales de 2024. Sin embargo, las circunstancias han continuado empeorando, con un aumento de la violencia y numerosas víctimas a manos de las fuerzas de seguridad durante el presente año.

A pesar de las promesas de la junta en su discurso de Año Nuevo de hacer de 2025 un año clave para la recuperación democrática, las acciones enérgicas contra la disidencia han continuado. Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas han generado alarmas en la comunidad internacional sobre la verdadera intención detrás de este referéndum.

Adicionalmente, el proyecto de Constitución que se votará incluye controversiales aspectos, como la posibilidad de que los miembros de la junta se postulen para cargos futuros, lo que contradice directamente sus propias promesas de adherirse a la Carta de Transición. Esto abre expectativas de que Doumbouya busque consolidar su poder nuevamente.

Algunos de los cambios propuestos en la nueva Constitución incluyen la creación de un alto tribunal para juzgar a figuras políticas y la formación de un Senado, aunque surgen dudas sobre su viabilidad si el proceso electoral está lleno de obstáculos para la oposición. La extensión del mandato presidencial también ha despertado recelos, al aumentar de cinco a siete años y permitir que un tercio de los senadores sean elegidos por el presidente.

En este entorno complicado, el líder de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), Cellou Dalein Diallo, ha hecho un fuerte llamado al boicot del referéndum. A través de redes sociales, instó a los ciudadanos a no votar, argumentando que cualquier voto en este contexto sería una afirmación de ilegítimos procesos que buscan formalizar una nueva tiranía.

Dalein cuestionó la gestión de la junta y recordó que su interés debió enfocarse en la democratización y no en perpetuar un régimen autoritario. A medida que la tensión aumenta, el país enfrenta el desafío de una posible mayor inestabilidad y la negativa a aceptar reformas que realmente representen una mejora en la calidad de vida de su población, quien ha sufrido la carga de años de gobernanza fallida.