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Hacienda revela su propuesta de financiación a las comunidades, desatando críticas del PP y disidencias dentro del PSOE.

Hacienda revela su propuesta de financiación a las comunidades, desatando críticas del PP y disidencias dentro del PSOE.

En un ambiente expectante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encabezará este miércoles una importante reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid. En este encuentro, Montero presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, cuya concepción ha generado descontento tanto en regiones bajo la administración del PP como en algunos elementos del propio partido socialista, debido a la negociación previa con ERC.

Los consejeros de las distintas comunidades comenzarán a llegar al Ministerio de Hacienda a partir de las 10:30 horas para participar en este debate crucial. Desde que la ministra anunciara el nuevo esquema el viernes pasado, se han manifestado diversas opiniones al respecto, poniendo de manifiesto la tensión entre las diferentes regiones.

Una de las medidas más destacadas de este modelo es el aumento en la cesión del IRPF a las comunidades autónomas, que pasará del 50% al 55%, así como del IVA, que se incrementará del 50% al 56,5%. Esta modificación promete inyectar 16.000 millones de euros adicionales a las arcas regionales para el año 2027, una cifra que sin duda cambiará el panorama financiero autonómico.

Asimismo, el nuevo modelo ajusta la noción de "población ajustada", un factor que mide el número de habitantes en cada comunidad, teniendo en cuenta variables que afectan la prestación de servicios y las necesidades de financiación. Además, se incorporan nuevos impuestos a la lista vigente, incluyendo el impuesto de patrimonio y otros vinculados a actividades específicas, ampliando así las fuentes de ingreso para las autonomías.

El anuncio de Montero fue recibido con críticas inmediatas por parte de las comunidades del PP, que argumentan que el acuerdo se forjó en complicidad con ERC y que no aborda sus necesidades de manera adecuada. Acusan al Gobierno de presentar un plan que parece favorecer a Cataluña sobre el resto de regiones, lo que ha llevado a algunos gobiernos autonómicos a considerar medidas legales para proteger sus intereses.

Este miércoles, las comunidades gobernadas por el PP llegarán al CPFF con una propuesta alternativa, que se basa en acuerdos anteriores firmados por su líder, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, esa propuesta aún carece de directrices claras sobre cómo se destinarán los recursos, dejando la puerta abierta a un debate más amplio entre los diferentes actores políticos.

Las rencillas no se limitan al PP, ya que varios representantes del PSOE también han levantado la voz contra el nuevo modelo. Emiliano García-Page, uno de los más destacados, ha manifestado su preocupación de que los independentistas influyan en la distribución de la riqueza nacional. Sus palabras reflejan la creciente inquietud entre los socialistas sobre el futuro de la financiación autonómica.

Por su parte, la comunidad asturiana, gobernada por el PSOE, ha manifestado su recelo hacia esta nueva propuesta de forma más equilibrada, dejando claro que esperarán a tener todos los detalles del acuerdo antes de emitir un juicio definitivo. En Castilla y León, la oposición al nuevo modelo también se expresa con contundencia, calificando la iniciativa de "insuficiente e injusta".

Desde la dirección federal del PSOE, algunos se esfuerzan en respaldar la propuesta de Montero, argumentando que traerá más recursos a todas las autonomías, un tema que seguramente será crucial en las próximas contiendas electorales.

La implementación formal del nuevo sistema de financiación se iniciará este miércoles en el CPFF. Con el 50% de los votos a su favor, el Gobierno confía en que el apoyo de Cataluña, que ha dado su visto bueno al modelo, asegurará su avance.

Posteriormente a la reunión, se llevarán a cabo encuentros individuales entre Hacienda y cada comunidad para discutir el desglose del modelo, con la intención de trabajar de forma más personalizada en la aplicación de esta vital ley orgánica, que repele la anterior normativa. Según previsiones del Ministerio, se espera que este texto final esté disponible en un horizonte de dos meses, aunque no sin la oposición de algunos aliados del Gobierno que ya han expresado sus reservas frente a los planes de Montero.