En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra la violencia machista, el Ministerio de Igualdad ha decidido aumentar la colaboración con las comunidades autónomas que registran un alto número de asesinatos relacionados con género. Este llamado a la acción busca involucrar también a los entornos cercanos a las víctimas, instándoles a denunciar cualquier caso de violencia de género que conozcan.

La iniciativa fue presentada por el equipo dirigido por Ana Redondo, tras la realización de un comité de crisis que tuvo lugar la semana pasada. Este encuentro se centró en el análisis de varios asesinatos machistas ocurridos en los meses de noviembre y diciembre de 2025, junto con un caso adicional de septiembre.

El informe resultante destaca la urgente necesidad de mejorar la coordinación entre distintos niveles y disciplinas, tanto a nivel institucional como territorial. De esta forma, el Ministerio de Igualdad planea implementar un sistema de coordinación con las comunidades donde se ha observado un aumento de casos, con el propósito de estudiar a fondo estos incidentes y desarrollar oportunidades de mejora.

Además, el documento sugiere que las comunidades autónomas y las entidades locales refuercen un enfoque interseccional en los servicios de apoyo a mujeres que sufren violencia machista. Esto es crucial para abordar las múltiples vulnerabilidades que dificultan a muchas mujeres dejar atrás situaciones de abuso, aumentando así el riesgo de sufrir violencia grave.

El informe también subraya la importancia de denunciar estas situaciones no solo por parte de las víctimas, sino también por quienes las rodean. De hecho, entre los 11 casos examinados por el comité, se encontró que en dos de ellos ya existía una denuncia previa, y uno fue activado de oficio por las autoridades bajo el conocido protocolo cero.

Es relevante destacar que cuando los casos de violencia de género son conocidos por las instituciones judiciales y de seguridad, las posibilidades de que la víctima logre salir de esta situación aumentan, mientras que se reduce el riesgo de asesinato. En este sentido, el informe recuerda a la sociedad su responsabilidad de informar sobre delitos de este tipo, advirtiendo que no actuar puede ser considerado un delito en sí mismo.

Asimismo, se ha solicitado a las comunidades y entidades locales trabajar junto a asociaciones de migrantes, asegurando que las mujeres conozcan los recursos disponibles y evitando así que alguna quede excluida del sistema de apoyo.

Del análisis de los 11 casos, se observó que cinco de las víctimas eran extranjeras y todas tenían hijos a su cargo. Esta situación presenta un agravante más a su vulnerabilidad, ya que muchas no pueden abandonar la violencia por miedo a las repercusiones que esto podría tener sobre sus hijos.

Además, se resalta que cinco de estos asesinatos ocurrieron en momentos de ruptura de la relación, siendo que en tres de esos casos las parejas aún convivían. Por ello, el Ministerio de Igualdad enfatiza la necesidad de prestar especial atención a estas situaciones, ya que representan un periodo crítico en términos de riesgo de violencia.

El informe también señala que factores como el suicidio y la depresión deben ser considerados en la evaluación de riesgos relacionados con la violencia de género. En tres de los casos analizados, los agresores se quitaron la vida, y en dos hubo intentos de suicidio. Por esto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género colabora con el Ministerio de Sanidad para llevar a cabo un estudio sobre suicidio y salud mental, cuyo objetivo es mejorar la detección y prevención en estos casos específicos.

Finalmente, se apunta que en tres de los asesinatos evaluados, las víctimas eran plurivictimizadas y enfrentaban múltiples agresores. Ante esta situación, se plantea la necesidad de mejorar la formación para detectar estos casos, tanto en el ámbito sanitario como en el social, a fin de ofrecer un apoyo más eficaz a las víctimas.